El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha dado luz verde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que proceda con la licitación de un contrato destinado a la conservación y explotación de las carreteras del Estado en la provincia de Toledo, con un valor estimado de 27 millones de euros (IVA no incluido). Este contrato tendrá una duración de tres años, con la posibilidad de prorrogarse por dos años adicionales y otra prórroga máxima de nueve meses.
El proyecto incluye requisitos orientados a promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, en línea con el programa del ministerio que busca mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), garantizando un acceso adecuado a todos los ciudadanos. Las actuaciones previstas abarcan la vigilancia y atención de accidentes, la gestión de la vialidad invernal, el control de túneles y comunicaciones, así como el mantenimiento de diversas instalaciones.
El contrato abarcará 138,140 km de carreteras del sector nº03 en Toledo, que comprenden 47 km de autovía. Entre las carreteras que serán objeto de intervención se encuentran la autovía A-42, desde el límite con la Comunidad de Madrid en Casarrubuelos hasta Burguillos de Toledo, y la carretera N-401, entre Burguillos de Toledo y el límite con la provincia de Ciudad Real. También se realizarán trabajos en varios tramos de la N-401A, específicamente entre los km 49 y 111, así como mejoras en el drenaje longitudinal de la autovía A-42.
En el marco de la estrategia de minimización de emisiones y mejora de la eficiencia energética, la licitación de estos contratos incluirá objetivos específicos de mitigación y compensación de la huella de carbono. Esto significa que las empresas interesadas deberán presentar en sus ofertas un análisis de la huella de carbono que se generará durante la ejecución del contrato en cada tramo de carretera. Desde 2022, se han implementado medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, que abarcan desde el autoconsumo y sistemas renovables de calefacción, hasta mejoras en el ahorro energético de la iluminación y la introducción de vehículos eléctricos.
Desde este año, también se exigirá que la empresa ganadora presente, durante los primeros seis meses de contrato, un plan de descarbonización que busque un balance neutro de carbono en un plazo de cinco años. Este plan deberá contemplar opciones de compensación a través de proyectos de absorción registrados en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Con este enfoque, se espera lograr una reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales, un cálculo realizado por la Dirección General de Carreteras en relación al funcionamiento y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado. Esta iniciativa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente con los ODS 9 (promoción de infraestructuras sostenibles y de calidad), 11 (acceso a transporte seguro y accesible), 8 (fomento del crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).
El nuevo modelo de contratos mixtos (servicios y obra) busca ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorando el estado de la red de carreteras y optimizando los recursos públicos. Estas contrataciones permitirán realizar tareas de conservación ordinaria y atención a la vialidad, asegurando que las infraestructuras y sus elementos cuenten con las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Las actuaciones contempladas incluyen la programación de información sobre el estado de las carreteras, estudios de seguridad vial, y el mantenimiento de los diversos elementos funcionales de la infraestructura.
