El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo hacia la modernización de su burocracia al aprobar el anteproyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. Esta normativa, que ahora debe ser revisada por el Consejo Consultivo, se prevé que sea presentada al Parlamento regional en marzo.
José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de la Junta, ha informado que la ley ha sido objeto de un amplio debate dentro del Gobierno y ha contado con un relevante proceso de participación ciudadana. Según Guijarro, el anteproyecto ha sido revisado en seis órganos colegiados y diversas comisiones, y se ha evaluado su impacto en áreas como el presupuesto, la igualdad de género, la unidad de mercado y la demografía.
El anteproyecto está compuesto por 93 disposiciones organizadas en seis títulos que incluyen 71 artículos, dos disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y diez disposiciones finales que modificarán ocho leyes sectoriales, lo que lo convierte en un cambio sustancial en la normativa de la comunidad. Guijarro lo ha calificado como una «revolución administrativa», subrayando que revisará 200 procedimientos administrativos en un plazo de un año tras su aprobación.
Entre las principales novedades destacadas por el vicepresidente, se incluye el cambio del criterio de silencio administrativo a uno positivo en la mayoría de los casos, aunque se mantendrán excepciones conforme a normativas de la Unión Europea o estatales. También se establecen plazos más cortos para la resolución de procesos y se introduce la figura de entidades colaboradoras de la administración, que podrán respaldar a los ciudadanos en sus trámites mediante la presentación de declaraciones responsables y la elaboración de informes.
Guijarro ha enfatizado que estas entidades estarán acreditadas y que su participación será voluntaria por parte de los interesados, garantizando un marco que proteja los derechos de los ciudadanos y la integridad de la administración.
La ley también contempla un apartado dedicado a la digitalización de la administración, incluyendo el uso de inteligencia artificial y la creación de un Espacio Ciudadano para centralizar toda la información relevante sobre los ciudadanos y sus expedientes. Este nuevo enfoque busca no solo simplificar los procesos, sino también promover la proactividad de la administración, comunicando automáticamente a los ciudadanos sobre posibles beneficios a los que pudieran tener derecho.
Pese a estas medidas, el vicepresidente fue preguntado sobre las críticas de los sindicatos a la figura de la entidad colaboradora. Guijarro defendió la presencia de estas organizaciones en el proceso de consulta, señalando que no manifestaron su oposición a la figura en los espacios de diálogo diseñados. Afirmó que la colaboración público-privada ha sido un recurso utilizado durante años en la administración sin que suponga una desresponsabilización de sus funciones.
Las expectativas del Gobierno son elevar la agilidad en la tramitación de expedientes y establecer un vínculo más directo y efectivo entre los ciudadanos, las empresas y la administración regional, reafirmando su compromiso con la transformación digital.
