El Consejo de Estado dictaminará el próximo 19 de enero el Real Decreto que revisa la planificación hidrológica de 12 demarcaciones para el periodo 2022-2027 y que incluye la modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo Segura, según han informado a Europa Press fuentes del Consejo de Estado.
Así, estas fuentes han señalado que han presentado alegaciones a este extenso expediente, que suma entorno a 5.000 folios, las comunidades autónomas de Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.
En concreto, el Real Decreto contempla la planificación hidrológica de las demarcaciones Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, así como de la parte española de los ríos internacionales, compartidos con Portugal: Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana; y con Francia: Cantábrico Oriental y Ebro.
Si bien, aunque el reglamento del Consejo de Estado no prohíbe que Portugal o Francia pidan trámite de audiencia, desde la institución apuntan que nunca ha ocurrido en su historia reciente, dado que los Estados suelen seguir otras vías de comunicación, como la diplomática.
El expediente del Real Decreto llega al Consejo de Estado con todos los documentos acumulados en su tramitación y con la petición de audiencia de las citadas comunidades autónomas, que discrepan fundamentalmente del establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo y que afectan a los volúmenes de agua transferibles de esa cuenca al Acueducto Tajo-Segura.
El Gobierno remitió al Consejo de Estado su propuesta de Real Decreto y solicitó a la institución consultiva un dictamen por el procedimiento de urgencia con el fin de recibirlo antes del 20 de enero. La legislación europea en materia de agua requería el tercer ciclo de planificación hidrológica a principios de 2022 aunque el plazo para que cada país remitiera a Bruselas sus planes para las cuencas durante el periodo 2022-2027 se extendía hasta el 31 de diciembre de 2022. De este modo, España remitirá sus planes de cuenca a la capital belga una vez vencido el plazo.
El trámite ha recaído en la sección octava del Consejo de Estado, que preside el consejero permanente Enrique Alonso García, y cuyos letrados están estudiando la documentación para emitir un dictamen que debatirá el pleno de la institución el próximo 19 de diciembre y que será remitido al Gobierno para que tenga en cuenta sus recomendaciones antes de la aprobación definitiva de la planificación hidrológica por el Consejo de Ministros.
CCAA ENFRENTADAS
En su solicitud de trámite de audiencia, el gobierno de Castilla-La Mancha recuerda que votó a favor del dictamen del Consejo Nacional del Agua, porque el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, «hizo constar que la implantación de caudales ecológicos se verificará conforme a las disposiciones acordadas en el proceso de planificación».
En estas alegaciones, recogidas por Europa Press, el presidente autonómico, Emiliano García Page, recuerda que «ha de respetarse siempre la prioridad de la cuenca cedente, principio establecido en el Plan Hidrológico Nacional, norma con rango de ley», recalcando que la región que representa también necesita agua para abastecimiento humano, «especialmente en el medio rural».
A su entender, la implantación de un régimen de caudales ecológicos en el río Tajo que hasta ahora no existen no solo sería «una obligación normativa» sino además «una determinación impuesta por varias sentencias del Tribunal Supremo promulgadas a partir de 2019».
Tal y como defiende el Gobierno castellano manchego, el régimen progresivo y automático de implantación de caudales ecológicos mínimos en el Tajo, «si bien retrasa la implantación efectiva de los caudales ecológicos determinados en el proceso de planificación, fue aceptado por una mayoría de los participantes de los procesos de participación pública previos al Consejo Nacional del Agua» para que Murcia y la Comunidad Valenciana amplíen su capacidad de desalinización.
«Cualquier argumento que pretenda condicionar la implantación de caudales ecológicos en el río Tajo carece de validez», estima García-Page.
Por el contrario, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, expresó este martes desde Bruselas que espera que el Consejo de Estado atienda a su solicitud para que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de Real Decreto en relación con la regulación del trasvase y argumenta que se ha producido una vulneración de seguridad jurídica o lealtad institucional y defectos que pueden llevar a su nulidad.
«Estamos defendiendo los intereses de la Comunidad Valenciana. Si se produjo un acuerdo en el Consejo Nacional del Agua, se tiene que respetar o, en todo caso, volver a convocarlo y tomar otra decisión», ha expuesto sobre la disposición adicional novena que la Generalitat considera que se modificó de forma arbitraria.
Así, ha asegurado que el trasvase del Tajo-Segura es «irrenunciable» y considera que el Tajo debe estar «vivo» a través de una depuración adecuada del agua por parte de la Comunidad de Madrid que «impida que tenga que crecer el caudal ecológico después de 2025».
Ha instado al Consejo de Estado a que «entienda» la postura de la Comunidad y de Murcia, advirtiendo que en el Consejo Nacional del Agua «no se actuó de manera correcta» y que «las guerras del agua no sirven para nada». «Estamos permanentemente buscando puntos de encuentro, pero con una defensa clara y nítida de los regantes», ha abundado.
Desde Andalucía, su presidente, Juan Manuel Moreno, ha expresado al Consejo de Estado sus dudas sobre la controvertida disposición adicional novena del proyecto de Real Decreto, y califica de «excesivo» el caudal ecológico fijado para el Tajo-Segura. De hecho, advierte de que la merma en 20 hectómetros cúbicos del acueducto es de «gran trascendencia» no solo para la economía de Almería sino para fijar población rural en este territorio del sureste que tiene «un problema estructural de falta de recursos hídricos».
Por ello, argumenta que los caudales ecológicos fijados son una restricción previa al uso consuntivo en los sistemas de explotación de cada demarcación, lo que en su opinión lesiona «gravemente» los intereses de Andalucía.
Igualmente, Murcia también ha solicitado dentro de plazo trámite de audiencia al Consejo de Estado al que reivindica que el borrador de Real Decreto adolece de «falta de consideración económica y ambiental» y acusa al Gobierno de «falta de transparencia».
Para la Región murciana el establecimiento del régimen de caudales ecológicos para el Tajo es «excesivo» y lamenta que los estudios y análisis hidráulicos presentados por la Comunidad durante el periodo de consulta pública fueron «ignorados» durante la tramitación.
Fuentes del Gobierno murciano expresaron que el «recorte» previsto en el trasvase Tajo-Segura es una situación «insólita» que demuestra que el «único objetivo» del Gobierno es cerrar el acueducto «pasando por encima de cualquier criterio técnico y jurídico».
