El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla-La Mancha ha solicitado al Gobierno regional fortalecer y aumentar los recursos en los centros de base para afrontar el creciente volumen de solicitudes para la valoración y reconocimiento del grado de discapacidad. José Antonio Romero, gerente de Cermi en la comunidad autónoma, ha señalado la necesidad de esta medida tras la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, de destinar 700.000 euros al contrato de 17 terapeutas ocupacionales que se unirán al equipo durante un año para contribuir a reducir los tiempos de espera, los cuales han llegado a alcanzar un promedio de 15 meses.
Romero resaltó que la demanda de valoración del grado de discapacidad es una realidad en crecimiento que no parece ser temporal. Argumentó que, dada la extensión geográfica de la región, sería fundamental contar con más centros base para facilitar el acceso a los servicios cercanos a los ciudadanos. También hizo referencia al Real Decreto 888/2022 —que incluye entre sus novedades la participación de entidades del Tercer Sector en los procesos de evaluación— y sugirió que en Castilla-La Mancha se podrían emular modelos de colaboración como los existentes en otras comunidades autónomas, donde organizaciones como la ONCE facilitan la valoración de personas con discapacidad visual.
Desde el Cermi expresan su gratitud hacia la Dirección General de Discapacidad por su disposición a integrar a personal de entidades del Tercer Sector en los equipos multidisciplinares de los centros base. Esa integración, según Romero, aunque requiere de tiempo para su formalización, contaría con una actitud proclive por parte de las autoridades.
La inclusión de los 17 terapeutas ocupacionales es una medida bien recibida por Cermi, que considera que podría haber surgido como resultado del diálogo entre la Mesa del Tercer Sector Social de la Discapacidad y el Gobierno regional. Romero destacó los especialmente largos periodos de espera detectados en las provincias de Toledo y Albacete, con retrasos que a veces exceden los 18 meses.
A pesar de que desde Bienestar Social se atribuye el retardo a la implementación de un nuevo baremo que comenzó a aplicarse en 2022, Romero insiste en que existía un problema previo de demoras y que la nueva herramienta de certificación, aunque complicada y en necesidad de formación para el personal implicado, no es la razón principal de los retrasos acumulados. Entre otros factores, apunta a la escasez de recursos humanos y la falta de centros.
Cermi está esperando datos actualizados sobre las listas de espera en las cinco provincias, haciendo hincapié en casos de personas que solicitaron su valoración en enero de 2023 y que, a mayo de 2024, aún no han sido contactadas. La situación en Albacete también es preocupante, con esperas que pueden alcanzar hasta 14 meses. Romero concluye reconociendo que, aunque se ha trabajado en la reducción de plazos, los tiempos de espera siguen siendo excesivamente largos.
