Japón está en la vanguardia de implementar una significativa modificación en su legislación familiar, marcando un hito en su historia legal con respecto a la custodia de hijos tras el divorcio. Después de más de un siglo y en respuesta a la creciente demanda social, el gobierno japonés ha aceptado finalmente reformar una ley de 126 años, introduciendo la opción de la custodia compartida para parejas divorciadas. Esta reforma representa una actualización profunda del Código Civil y evidencia un paso hacia una mayor equidad y bienestar familiar, especialmente enfocado en el mejor interés de los niños involucrados.
Por años, el marco legal japonés ha favorecido la custodia exclusiva, generalmente otorgada a la madre, en el 85% de los casos de divorcio registrados en 2021. Este modelo ha sido objeto de críticas no solo a nivel local sino también internacionalmente, al ser Japón el único miembro del G7 que hasta ahora no había reconocido la custodia conjunta tras el divorcio. Diversos casos emocionantes y mediáticos, incluyendo disputas internacionales por la custodia y acusaciones de secuestro parental, han alimentado el debate público y presionado al gobierno para reconsiderar el sistema actual.
La nueva ley, que será efectiva en los próximos meses, propone un sistema donde las parejas divorciadas podrán elegir entre mantener la custodia exclusiva o optar por la custodia compartida. En casos de desacuerdo, será la justicia, actuando a través de los tribunales de familia y considerando primordialmente el interés superior de los menores, quien tome la decisión final. Este cambio refleja una evolución en la sociedad japonesa, que busca reconocer la importancia de involucrar a ambos padres en la crianza de los hijos tras el divorcio, desafiando así las tradicionales visiones patriarcales sobre el papel de cada progenitor en la familia.
Especialistas legales, como el abogado Yukio Ogawa, opinan que la implementación de la custodia compartida podrá contribuir al desarrollo emocional y psicológico de los niños, proporcionando un ambiente familiar más estable. Sin embargo, señalan también que se deben establecer procesos y mecanismos claros para resolver conflictos y proteger a todas las partes de posibles situaciones de violencia doméstica.
Pese a este avance legislativo, aún existen críticas y preocupaciones. La ley despierta escepticismo sobre su eficacia en situaciones conflictivas donde un acuerdo mutuo no sea posible, así como sobre su aplicación retroactiva para casos previos a su promulgación. Además, algunos cuestionan si estas medidas son suficientes para combatir prácticas como los ‘secuestros’ parentales, problema que ha afectado a múltiples familias y ha generado consternación tanto en Japón como en el extranjero.
Este nuevo paso legal, si bien no exento de desafíos, marca un cambio significativo en la concepción de la familia y la crianza compartida en Japón. Resta ver cómo esta reforma transformará la sociedad japonesa, influirá en la estructura familiar y mejorará, o no, el bienestar y los derechos de los niños tras el divorcio.
