La Comisión Europea ha atrasado la presentación de la esperada Ley de Aceleración Industrial (IAA) de diciembre de 2025 al 25 de febrero de 2026. Esta normativa busca establecer un marco que priorice la producción europea en ámbitos como las licitaciones públicas, pero su desarrollo ha enfrentado complicaciones internas, con varios departamentos intentando influir en el borrador final. Aunque se esperaba un avance significativo, fuentes comunitarias indican que se necesitarán dos o tres semanas más para concluir el trabajo en el texto.
Dentro de la ley se contempla que los vehículos eléctricos que reciban ayudas públicas deben ser ensamblados en la UE y tener un 70% de sus componentes producidos en Europa. La propuesta también aborda sectores estratégicos como semiconductores y robótica, además de industrias electrointensivas. Una vez que la Comisión logre un acuerdo sobre el texto, este pasará a ser negociado por el Parlamento Europeo y el Consejo, donde las dinámicas políticas y las demandas de la industria probablemente llevarán a numerosos cambios antes de su eventual aprobación.
El debate sobre la IAA enfrenta dos posturas opuestas en la Comisión Europea: una que aboga por cerrar las puertas a imports no europeos, argumentando la necesidad de proteger a la industria local, y otra que previene contra el proteccionismo, sugiriendo que tal enfoque podría perjudicar la competitividad de la economía europea. Este contexto es complejo, especialmente al considerar la inclusión de países considerados «socios fiables» y el impacto de la regulación sobre la inversión extranjera directa en sectores críticos para la seguridad económica de la UE.
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