El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes una orden aprobada por el Gobierno que establece las bases reguladoras de una nueva línea de ayudas, financiadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), destinadas a las entidades locales para fomentar su desarrollo urbano sostenible. El Gobierno ha destacado que estas subvenciones, conocidas como Plan EDIL, tienen como objetivo promover el desarrollo urbano sostenible en los municipios beneficiarios, abordando de manera integral las dimensiones medioambiental, económica y social, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
La próxima convocatoria contará con una significativa dotación que supera los 1.800 millones de euros, lo que representa un aumento del 34% en comparación con la convocatoria anterior, denominada EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), correspondiente al periodo de programación 2014-2020. Esta mejora en la financiación está dirigida a apoyar la cohesión y el reequilibrio territorial, siendo las regiones menos desarrolladas las que recibirán una mayor disponibilidad de ayudas. En contraposición, las regiones más desarrolladas recibirán una cantidad inferior, de acuerdo con los criterios de programación establecidos por la Comisión Europea.
Dentro de este marco, se prevé que comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura reciban un total de hasta 1.019,3 millones de euros en ayudas, mientras que las regiones en transición, que incluyen a Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares y Castilla y León, contarán con un apoyo de 626,3 millones de euros. En cuanto a las regiones más desarrolladas, como País Vasco, Cataluña, Aragón, Navarra y Madrid, se destinarán 173,2 millones de euros.
Las entidades locales que resulten beneficiarias recibirán esta ayuda en forma de cofinanciación para los gastos incurridos en la ejecución de sus proyectos. La cofinanciación será del 80% para las entidades en regiones menos desarrolladas, del 60% en regiones en transición y del 40% para aquellas situadas en áreas más desarrolladas. Se espera que, al final del periodo, esta medida movilice un total de 2.600 millones de euros de los presupuestos locales.
La normativa contempla tres tipos de beneficiarios, incluyendo una nueva figura conocida como Áreas Urbanas Funcionales (AUF), que agrupa a municipios de menor tamaño. En este sentido, se definen las grandes ciudades, con más de 75.000 habitantes, y las ciudades intermedias, que cuentan con una población entre 20.000 y 75.000 habitantes. Las AUF, por regla general, deberán reunir al menos 20.000 habitantes alrededor de un municipio cabecera que tenga entre 10.000 y 20.000 habitantes. Asimismo, se ha conseguido un acuerdo con la Comisión Europea para que en algunas provincias con un bajo número de municipios de 10.000 habitantes, especialmente en las menos desarrolladas, se pueda constituir una AUF con 10.000 habitantes en torno a un municipio cabecera con entre 5.000 y 10.000 vecinos.
Esta nueva disposición introduce mayor flexibilidad, y se reconoce el papel crucial de las diputaciones, que serán, en general, responsables de la ejecución de las actuaciones en las Áreas Urbanas Funcionales.
