La elección presidencial del próximo 6 de octubre en Túnez está levantando olas de preocupación y crítica tanto a nivel nacional como internacional. En lo que será el primer proceso electoral presidencial desde la revolución democrática de 2011 que derrocó al dictador Zine El Abidine Ben Ali, se teme que la votación esté lejos de ser libre o justa. El actual presidente, Kaïs Saïed, quien asumió el cargo en 2021, se halla en el epicentro de estas inquietudes debido a sus acciones contra las libertades políticas, las cuales han incluido el desmantelamiento de instituciones independientes, la aprobación de una nueva constitución bajo su mandato, y la detención de opositores políticos y críticos bajo diversas acusaciones.
Desde que asumió el poder, Saied ha trabajado para consolidar su autoridad, desencadenando un proceso de centralización del poder que ha resultado en el despido del gobierno, la suspensión del parlamento y la asunción de todos los poderes ejecutivos. Ha reconfigurado el sistema gubernamental tunecino para que pocas restricciones limiten su presidencia, tomando control o desmantelando organismos independientes que garantizaban la independencia del poder judicial y la libertad de prensa, entre otros.
La preparación para estas elecciones presidenciales revela la intención de Saied de manipular los procesos políticos en Túnez. Esto se ha hecho evidente en la rápida convocatoria de las elecciones, estipulando criterios de calificación extremadamente rigurosos para los candidatos, y en la consideración de una comisión electoral designada por él, que descartó a la casi totalidad de los candidatos que deseaban competir contra él. A pesar de una intervención tardía del tribunal administrativo del país, que restableció a algunos de los candidatos previamente descalificados, la comisión electoral se ha negado a reconocer esta decisión, sumiendo la legitimidad del proceso electoral en la controversia.
Este período caótico previo a las elecciones no solo ha demostrado la fragilidad de la posición de Saied, sino también la naturaleza reactiva e improvisada de su liderazgo. Los intentos de Saied de ejercer un control férreo sobre el país han enfrentado resistencia, evidenciada por protestas y declaraciones de importantes organismos como el sindicato UGTT contra las maniobras de la autoridad electoral y cambios de última hora en las leyes electorales.
A pesar del apoyo que aún puede percibirse en algunas capas de la sociedad tunecina hacia Saied, la mayoría del país se muestra cada vez más desencantada, no solo con sus políticas políticas centralizadoras sino también por la grave situación económica. Túnez enfrenta problemas económicos crecientes, exacerbados por la reluctancia de Saied a aceptar un acuerdo con el FMI que podría haber aliviado la situación, limitando así las posibilidades de apoyo europeo al país.
Europa se encuentra en una encrucijada, debatiendo cómo interactuar con un líder cuyas políticas han sido eficaces en temas como el control de la migración, pero cuyas tácticas autoritarias y represivas contradicen los valores democráticos y de derechos humanos. La UE y sus Estados miembros, que mantienen importantes vínculos con Túnez y desean prevenir una mayor influencia rusa y china en la región, tendrán que calibrar cuidadosamente su compromiso con Saied. Apoyar una elección profundamente imperfecta podría socavar la credibilidad europea y legitimar un régimen antidemocrático, poniendo en juego no solo la relación con Túnez sino también los principios democráticos fundamentales en la región y más allá.
