El Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido cerrar la capilla Luis de Lucena debido al «riesgo inminente» que representa para los visitantes, provocado por el deterioro de la parte trasera de la antigua gasolinera de Diges, que es el único acceso a este monumento. Ante esta situación, el consistorio ha solicitado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que intervenga para resolver «un problema histórico que ya cumple una década» y que podría llevar al derrumbe del inmueble.
El pasado viernes, el concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, tomó la medida de suspender la apertura del monumento tras recibir informes de los servicios técnicos municipales que advertían sobre el riesgo en el acceso a la capilla desde la Cuesta de San Miguel. En la rueda de prensa celebrada el miércoles, Esteban, junto a la jefa de área de Urbanismo, Blanca Causapié, anunció la suspensión de la venta de entradas y las visitas guiadas, instando al Gobierno regional a actuar con urgencia.
Esteban señaló que no es aceptable que la capilla permanezca «eternamente cerrada» por la «inacción» de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la que acusa de incumplir sus responsabilidades al no exigir a los propietarios la ejecución de las obras necesarias o no intervenir de forma subsidiaria. El Ayuntamiento ha decidido enviar el expediente a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para que determine las medidas adecuadas para eliminar el riesgo y ordenar a los propietarios que ejecuten dichas obras.
En caso de que los propietarios no actúen, el Ayuntamiento reclama a la Junta que actúe subsidiariamente. «Lo más importante para nosotros es salvaguardar la seguridad de los visitantes», afirmó Esteban. Además, recordó que la Consejería ya había declarado anteriormente que la antigua gasolinera de Diges es un bien integrante del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, lo que le confiere responsabilidades en la protección del edificio.
La historia de este conflicto se remonta a 2014, cuando los propietarios solicitaron la declaración de ruina de la gasolinera. A pesar de que el Consistorio lo concedió y autorizó la demolición, el expediente fue remitido a la Junta, que, al calificar el edificio como patrimonio regional, solo permitió una demolición parcial, exigiendo que se mantuvieran las fachadas y la marquesina.
Sin embargo, desde entonces, han pasado diez años y los propietarios no han llevado a cabo la demolición parcial requerida, lo que ha desembocado en el actual riesgo de desprendimiento. Esteban subraya la necesidad de que la Junta de Comunidades tome medidas concretas y cumpla con sus propias resoluciones, afirmando que ahora es momento de que «la Junta mueva ficha y actúe subsidiariamente».
