El pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha dado luz verde a una modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que introduce un recargo a las viviendas desocupadas pertenecientes a grandes tenedores de inmuebles en la ciudad. Esta medida surge de una moción presentada por el Grupo Cuenca en Marcha hace unos meses y se ha debatido en una sesión en la que el concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, ha expuesto detalles clave de la propuesta.
Martínez Melero ha indicado que el término «grandes tenedores» abarca a aquellos propietarios que poseen cuatro o más viviendas además de su residencia habitual. Según los datos manejados por el Ayuntamiento, estas nuevas normativas impactarían en aproximadamente 549 propietarios a partir de 2024. Se ha establecido que una vivienda se considerará desocupada de manera permanente si está sin uso injustificadamente durante un periodo de dos años. Para verificar esta condición, se realizarán comprobaciones basadas en el consumo de suministros como electricidad y agua.
El recargo propuesto es escalonado: un 50% para las viviendas desocupadas entre dos y tres años, un 75% para aquellas que lleven entre tres y cinco años sin uso, y un 100% para las que permanezcan vacías durante seis años o más. Martínez Melero ha defendido que el objetivo principal de este recargo es disuasorio en lugar de recaudatorio, buscando incentivar el uso de estas propiedades.
La propuesta ha sido apoyada por los grupos PSOE, Cuenca nos Une y Cuenca en Marcha, mientras que ha encontrado oposición en el Partido Popular y Vox. La concejal de Cuenca en Marcha, María Ángeles García, expresó su agradecimiento al equipo de Gobierno por la rapidez en la inclusión de esta propuesta, resaltando que entre los grandes tenedores se incluyen entidades como bancos y empresas que mantienen las viviendas fuera del mercado por motivos especulativos.
Por otro lado, el Grupo Popular ha rechazado la moción, argumentando que lo ideal sería bonificar a los propietarios y destacando las dudas que plantean los informes de la interventora y del secretario municipal, que se mostraron desfavorables. Vox también ha votado en contra, sugiriendo que no es el enfoque adecuado para motivar a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado, y ha destacado la «falta de seguridad jurídica» que enfrentan estos propietarios ante posibles impagos.
