En Venezuela, la crisis política y social se agrava con cada día que pasa, especialmente tras las últimas elecciones presidenciales que han dejado un rastro de violencia, represión y detenciones arbitrarias. Lo más alarmante de esta situación es que la represión no discrimina por edad, afectando incluso a menores de edad. De acuerdo con informes de organizaciones humanitarias, hay al menos 58 adolescentes, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años, que han sido detenidos y permanecen en cárceles venezolanas, acusados de «terrorismo», conspiración e instigación al odio.
Los jóvenes detenidos provienen mayoritariamente de barrios humildes, y su participación en las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro los ha puesto en la mira de las fuerzas de seguridad, especialmente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que ha sido señalado por su ensañamiento contra estos menores. La líder opositora María Corina Machado ha sido una de las voces que ha denunciado la situación, subrayando el abuso y violación de derechos y dignidad que sufren estos adolescentes, algunos de los cuales ni siquiera participaron en las protestas pero fueron detenidos en sus propias casas.
La problemática se extiende a las condiciones en las que estos jóvenes son mantenidos durante su detención. Informes señalan hacinamiento, insalubridad, inseguridad y falta de acceso a agua potable como características comunes de los centros penitenciarios donde se encuentran. Las familias de los detenidos, por su parte, enfrentan grandes dificultades para proveer alimentos y medicamentos a los reclusos, lo que agudiza la situación de vulnerabilidad y desamparo de estos adolescentes.
Desde el punto de vista legal, estos jóvenes enfrentan un proceso cargado de incertidumbre. La legislación venezolana establece que pueden ser juzgados a partir de los 14 años por casos de terrorismo, en un marco judicial acelerado que, en la práctica, no se cumple, prolongando indefinidamente su detención sin claridad sobre su situación procesal. A ello se suma que muchos de ellos son defendidos por abogados públicos asignados por el mismo régimen que los acusa, dejándolos en una posición de gran desventaja.
El impacto psicológico de esta represión es otra dimensión del problema. Los testimonios recogidos entre familiares y organizaciones denuncian un trauma constante entre los jóvenes, marcado por el miedo a ser detenidos nuevamente o a enfrentar acusaciones aún más graves. Este ambiente de intimidación y terror es parte de la estrategia del chavismo para sofocar cualquier disidencia y mantenerse en el poder, sin importar el costo humano de sus acciones.
Mientras tanto, las voces que claman por la liberación de estos jóvenes y por el cese de la represión gubernamental se multiplican tanto dentro como fuera de Venezuela. La comunidad internacional observa con preocupación esta situación, exigiendo respeto por los derechos humanos y un trato justo para todos los detenidos. La esperanza de cambio y justicia permanece viva entre los venezolanos, a pesar de las adversidades que enfrentan día a día en su lucha por restaurar la democracia en su país.
