El Pleno de la Diputación de Ciudad Real ha debatido recientemente sobre el incremento de las tasas que los ayuntamientos imponen a los ciudadanos por la recogida de residuos. En esta ocasión, se ha dejado claro que el aumento del recibo de la basura no lo impone ni el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ni la Diputación provincial, sino que ha sido establecido por el Gobierno de España en cumplimiento de una directiva comunitaria.
El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha destacado que el objetivo final es generar menos residuos y concienciar a la población sobre la importancia del reciclaje. La meta es lograr la valorización total de los desechos para el año 2030, pero hasta el momento, de las 150,000 toneladas de residuos que se producen en la provincia, solo se valorizan 50,000 toneladas.
Valverde ha afirmado que los alcaldes de la provincia deberán aumentar las tasas para que los ciudadanos paguen el impuesto establecido por el Estado, el cual será posteriormente transferido a las comunidades autónomas y reinvertido en sus provincias. Además, ha señalado que a medida que aumente la valorización de los residuos, el impuesto irá disminuyendo.
Sin embargo, ha llamado la atención sobre el hecho de que si el Gobierno de Sánchez hubiera establecido incrementos más moderados, los ciudadanos de la provincia tendrían que pagar menos. Los técnicos del Consorcio han realizado estimaciones sobre la cantidad de basura que no se podrá valorizar.
Por otro lado, se ha debatido sobre la modificación de créditos para destinar la partida asignada a la compra de una parcela para el nuevo Parque de Bomberos de Ciudad Real a los costes de la actividad en el diario Lanza. La portavoz del Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco, ha justificado esta modificación debido a la falta de rigor de los anteriores gobernantes, quienes presupuestaban por debajo de los gastos y necesidades.
En cuanto a la parcela en cuestión, el grupo socialista considera que la valoración es excesiva y desproporcionada, ya que se destinan 325,000 euros para la adquisición de 4.47 hectáreas, lo que supone un precio por hectárea de 73,554 euros.
Finalmente, el presidente de la Diputación ha dado la bienvenida a la nueva vicesecretaria de la institución, Cristina Moya, y le ha deseado éxito en su labor de asesoramiento a la Corporación provincial.
