La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo se dispone a juzgar al actual alcalde de Recas, Eliseo Ocaña García, y a cinco personas más, identificadas como M.P.B.D., M.T.B.V., J.L.G., M.I.P.R y M.M.P.S., por un presunto delito de prevaricación administrativa. Este caso se centra en una moción de urgencia que se acordó en un pleno, resultando en la supresión de sueldos de la exalcaldesa Laura Fernández Díaz, conocida por sus iniciales L.F.D., y otros concejales, acción que ya sabían que era ilegal.
El juicio, que estaba programado inicialmente para el 9 de mayo de 2023, tuvo que ser reprogramado debido a una huelga de los funcionarios de Justicia, siendo fijada la nueva fecha para el 30 y 31 de enero de 2024 a las 10.00 horas.
Según el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y, por ello, propone que se imponga a cada uno de los acusados la pena de 11 años de inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo público, así como para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, además del pago de las costas del proceso.
El escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, relata que durante una sesión ordinaria del pleno celebrada el 17 de diciembre de 2018, los acusados presentaron una moción por la vía de urgencia y, a pesar de conocer la ilegalidad de su acciones, procedieron a votar favorablemente para suprimir los sueldos de la alcaldesa L.F.D., de la concejala G.Z. y de los concejales delegados. Esta decisión alteró el régimen de retribución y liberación previamente aprobado por el pleno y causó perjuicio directo a los concejales afectados, quienes vieron eliminado su sueldo de manera inmediata, al ser el acuerdo ejecutivo desde ese momento. La situación pone en relieve las tensiones y disputas en la gestión municipal de Recas, ahora sometida al escrutinio de la justicia.
