El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha condicionado la solicitud de moratoria para los establecimientos de hostelería que han instalado terrazas no conformes a la ordenanza vigente, una petición promovida por la Asociación Provincial de Hosteleros, Vox y PSOE. Según Ruiz, esta solicitud deberá ser planteada en comisión por las formaciones políticas y posteriormente debatida y aprobada en el pleno del Consistorio.
El alcalde ha manifestado su compromiso de cumplir con la norma y ha lamentado que los grupos políticos, como PSOE, IU y Vox, le estén «obligando» a tomar esta decisión. Antes de un acto público, Ruiz se mostró comprensivo con la situación de los hosteleros, aunque expresó su desacuerdo con la petición del PSOE, recordando que el equipo de Gobierno anterior, conformado por PSOE e IU, debió cumplir la ordenanza vigente que ahora defienden, rechazando recientemente la propuesta de modificación presentada por el PP en el último pleno. «Quien estaba firmando esas autorizaciones de terrazas era Jesús Manchón, de IU, cuando formaba parte del equipo de gobierno socialista», enfatizó.
Ruiz subrayó su intención de resolver la situación de manera sencilla y razonable, aunque tras el rechazo mayoritario en el pleno, se ve obligado a cumplir con la ley, que le obliga a aplicar la ordenanza actual. «No quiero ser visto como el alcalde que solo apoya a los hosteleros, sino como el alcalde que apoya a los vecinos», argumentó, insistiendo en que es necesario buscar el equilibrio para garantizar la convivencia en la ciudad.
Por su parte, los hosteleros de Puertollano, organizados bajo la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería, han solicitado al alcalde una moratoria en la aplicación estricta de la ordenanza de terrazas para mitigar los efectos negativos que sufrirían los negocios en este sector. El presidente de la asociación, Juan Daniel Rubia, afirmó que muchos de estos establecimientos operan con licencias municipales renovadas cada año, lo que a su juicio evidencia que la administración local había sido «copartícipe» de la situación actual.
Rubia atribuyó la responsabilidad al Ayuntamiento, que ahora decide hacer cumplir la normativa después de haber sido más laxo en el pasado. Afirmó que esto ha creado una difícil situación para los hosteleros y pidió que se tomen decisiones con el tiempo necesario para adaptar la normativa. La reunión de este viernes con hosteleros locales fue el primer paso para abordar la situación, previa a encuentros con la patronal FEPU, el alcalde y los grupos políticos para buscar soluciones que beneficien a la industria de la hostelería y a los ciudadanos.
Rubia concluyó que el verdadero problema radica en la supervivencia del sector, más allá de las implicaciones políticas, y confía en que prevalezca la coherencia y se logren soluciones efectivas en beneficio de la comunidad.
