El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, ha presentado recientemente la memoria de su departamento, donde se ha hecho eco de una situación preocupante: el aumento incesante de casos de violencia de género en la región, a pesar de la disminución en el número de órdenes de protección. Este informe destaca que el año 2023 culminó con el trágico balance de dos mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, una en Ciudad Real y otra en Toledo, cifra que ya se ha registrado en lo que va de 2024. Fernández ha calificado esta estadística como «pequeña pero incesante», lo que subraya la urgencia de continuar con la lucha contra esta problemática, enfatizando que «toda actuación pública es poca».
El fiscal ha manifestado la necesidad de reforzar la protección a las víctimas y de actuar con mayor celeridad para abordar la situación. En este contexto, ha señalado un aumento preocupante de la violencia de género digital, que se manifiesta a través de un incremento en el acoso, amenazas e insultos por medio de plataformas de mensajería instantánea. Esta nueva forma de violencia, según Fernández, requiere una atención especial por parte de las autoridades.
Además, ha planteado inquietudes sobre los efectos de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, particularmente en lo que respecta a la modificación del artículo 416, que contempla la posibilidad de dispensar a las mujeres de declarar contra sus agresores. Este cambio legislativo, según el fiscal, no está arrojando los resultados esperados, ya que, si bien la víctima no puede retractarse de su declaración inicial, las afirmaciones en el juicio tienden a volverse «vagas e imprecisas», lo que puede derivar en sentencias absolutorias con el paso del tiempo.
Fernández ha apuntado que la dilatación del proceso judicial facilita que las mujeres busquen el perdón o intenten olvidar lo sucedido, lo que puede influir negativamente en los resultados de las condenas. En este sentido, ha reclamado una mayor especialización de los juzgados que tratan casos de violencia machista, recordando que en Castilla-La Mancha solo existen dos juzgados específicos, ubicados en Albacete y Toledo, para los partidos judiciales correspondientes.
Asimismo, ha denunciado que, a pesar de la necesidad urgente de condenar los actos de violencia, las cifras de condenas son «muy pocas». Fernández también ha desmentido la idea de las denuncias falsas, subrayando que su incidencia es «muy despreciable», lo que refuerza la necesidad de una respuesta judicial más efectiva y especializada para enfrentar esta grave problemática social.
