En un nuevo episodio de tensiones entre instituciones académicas y el Gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Educación exige a la prestigiosa Universidad de Harvard mayor transparencia respecto a los fondos recibidos de fuentes extranjeras. Esta solicitud viene en respuesta a acusaciones de falta de integridad en las divulgaciones previas de la universidad y se enmarca dentro de un escenario más amplio de acusaciones contra Harvard por supuestamente fomentar sentimientos antisemitas.
Linda McMahon, Secretaria de Educación, expresó su descontento a través de un comunicado oficial, alegando que, dada la condición de Harvard como beneficiaria de fondos federales, es inaceptable e ilegal que no haya sido completamente transparente en sus informes sobre donativos, subvenciones y contratos extranjeros. La demanda no solo incluye un listado de aportaciones económicas sino también registros de estudiantes extranjeros expulsados o aquellos a cuyas credenciales se les ha retirado la validez y una relación de miembros académicos afiliados a gobiernos extranjeros, cubriendo eventos desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha.
Las autoridades han otorgado a la universidad un plazo hasta finales de mes para presentar un informe detallado que incluya también cualquier actividad ilegal y violenta por parte de titulares de visados de estudiantes extranjeros, advirtiendo sobre la potencial retirada de su certificación para programas de intercambio si no cumple con las demandas.
El contexto de esta disputa se agravó tras la cancelación de dos subvenciones a Harvard valoradas en más de 2.7 millones de dólares por supuestamente «socavar los valores del país». Esta acción fue públicamente denunciada por el presidente de Harvard, Alan Garber, quien calificó la interferencia en las operaciones de la universidad como una injerencia gubernamental injustificada. Garber afirmó que ningún gobierno debería influir en aspectos académicos tales como currículo, admisiones, contrataciones y líneas de investigación, reiterando el compromiso de la universidad con la defensa de su independencia y derechos constitucionales frente a presiones externas.
Este enfrentamiento resalta el creciente escrutinio sobre las universidades estadounidenses por sus vínculos financieros con entidades extranjeras y el tenso ambiente político que envuelve al sector educativo, planteando serios cuestionamientos sobre autonomía universitaria y libertad académica frente a la influencia gubernamental.
