Estados Unidos ha dado un giro significativo en su política hacia Venezuela, autorizando en tiempo récord nuevas operaciones comerciales y de inversión en el sector energético. Este esfuerzo busca modernizar la industria petrolera del país caribeño y se enmarca dentro de una estrategia más amplia destinada a garantizar que los ingresos provenientes de estas actividades beneficien tanto al pueblo venezolano como al estadounidense. Desde el final de enero, varias licencias han sido emitidas, habilitando a las empresas estadounidenses a participar en la comercialización y venta de petróleo venezolano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha sido clave en este proceso, aprobando diversas licencias que permiten transacciones de petróleo y la venta de diluyentes, insumos esenciales en la producción de crudo. Esta serie de medidas también incluye la autorización para que empresas estadounidenses suministren bienes y servicios a la industria petrolera y gasista de Venezuela, con la esperanza de que estas acciones propicien una recuperación económica tanto para Venezuela como para Estados Unidos.
Con estas autorizaciones, Washington busca no solo impulsar la producción y modernización de la infraestructura energética venezolana, sino también recuperar la confianza en su economía, afectada por largos años de inestabilidad y mala gestión. La meta es clara: restaurar la prosperidad y seguridad del país, convirtiéndolo en un socio estable en el hemisferio, donde los ciudadanos puedan beneficiarse de su riqueza natural, todo ello bajo un marco de supervisión que asegure la transparencia en el uso de los ingresos generados.
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