En una decisión que marca una clara línea de continuidad con sus políticas precedentes hacia Venezuela, el Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que no reconocerá a Edmundo González como presidente interino del país sudamericano. Esta postura rememora la estrategia adoptada en 2019, cuando Washington reconoció a Juan Guaidó en una posición similar, un gesto que generó tensiones no sólo con el gobierno de Nicolás Maduro, sino también en el ámbito internacional.
Durante una rueda de prensa reciente, Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, hizo un llamado a la responsabilidad y a la necesidad de transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE). Miller solicitó al CNE que hiciera público «un recuento detallado de los votos», subrayando la importancia de respetar «la voluntad del pueblo venezolano». Sin embargo, destacó que, tras más de una semana desde la celebración de las elecciones, los riesgos de manipulación electoral son altos, y cualquier publicación de resultados requiere un examen exhaustivo.
La comunidad internacional, según Miller, debe adoptar una postura unificada para presionar a Venezuela hacia una mayor transparencia y respeto por los procesos democráticos. A pesar de no buscar reconocer a González como presidente interino, Estados Unidos insiste en que los recuentos preliminares lo posicionaban favorablemente frente a Nicolás Maduro. Según Miller, incluso si se contasen todos los votos pendientes a favor de Maduro, no serían suficientes para superar la ventaja observada en favor de González.
Estas declaraciones no han sido bien recibidas por el gobierno venezolano, que rápidamente emitió un comunicado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, acusando a Estados Unidos de liderar un «intento de golpe de Estado». El comunicado refleja la profunda desconfianza y las tensiones entre ambos países, sugiriendo que la actitud de Washington es una continuación de su «fracasada estrategia de 2019» con Guaidó.
En medio de acusaciones de connivencia con «grupos transnacionales de crimen organizado» y de intentar «aterrar a la población» venezolana, el gobierno de Maduro refleja su percepción de estar bajo asedio por parte de fuerzas externas, incluyendo presiones de gobiernos regionales a favor de un cambio en el resultado electoral.
Este episodio representa un capítulo más en la larga historia de relaciones complejas y a menudo tensas entre Estados Unidos y Venezuela, un país que lleva años sumido en una profunda crisis política, económica y humanitaria. Mientras tanto, el llamado de Washington a una transición pacífica del poder y a respetar la voluntad del pueblo venezolano resuena en el vacío de un conflicto político interno sin soluciones claras a la vista.
