Ecologistas en Acción ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha que asuma responsabilidades políticas tras la anulación del Reglamento de Caza, una situación que la organización ecologista atribuye al propio Ejecutivo regional, al considerar que ha actuado con conocimiento de la ilegalidad de sus decisiones y no ha buscado soluciones antes de que se llegara a este punto. En una nota de prensa, los ecologistas han solicitado que estas responsabilidades se plasmen al menos en «una disculpa pública» a la ciudadanía, además de un replanteamiento de la política cinegética y una apertura real a la participación de la sociedad en la elaboración de normas con implicaciones ambientales.
La Consejería de Desarrollo Sostenible ha iniciado un periodo de información pública sobre el proyecto de decreto que aprobará el nuevo Reglamento General de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, en respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que decidió anular el Reglamento previo, aprobado en marzo de 2022. La Junta ha publicado la resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, informando que debido a la firmeza de dicha sentencia, el Gobierno regional debe mantener en vigor el antiguo reglamento de 1993, que es considerado obsoleto.
Además, Ecologistas en Acción señala que el nuevo procedimiento de aprobación del reglamento abierto por la Consejería cuenta con un periodo de participación pública de veinte días que finalizará el 17 de octubre, justo al inicio de la nueva temporada de caza.
La organización ecologista critica que la situación actual refleja un «desprecio» por parte de la Consejería y del Gobierno regional hacia la participación pública, argumentando que se ha dado un trato de favor al lobby cinegético al aceptar sus propuestas sin el informe previo del Consejo Regional de Caza y eludiendo el debate en otros foros pertinentes. Este incumplimiento de los procedimientos ha generado un impacto ambiental que se prolongará si el nuevo reglamento se aprueba sin modificaciones significativas con respecto a la normativa anulada.
Por último, Ecologistas en Acción ha requerido a la Consejería que revise el borrador del nuevo reglamento para evitar más daños ambientales y generar un clima de mayor colaboración y seguridad jurídica. De acuerdo con la organización, la publicación de las resoluciones en el Diario Oficial es un reconocimiento implícito de que su demanda estaba debidamente fundamentada, y que las acciones del Gobierno de Castilla-La Mancha han estado al margen de la legalidad y en desacato a la participación pública.
