Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha ha expresado su preocupación ante el anteproyecto de Ley regional de Simplificación y Agilización Administrativa, el cual, según sus afirmaciones, podría resultar en un debilitamiento de las garantías medioambientales en la aprobación de nuevos proyectos. La organización sostiene que las funciones de control y supervisión pasarían a ser ejercidas por entidades privadas, lo que podría perjudicar el interés público general.
La creación de las «entidades colaboradoras de la Administración» ha sido calificada por Ecologistas en Acción como una «clara dejación de funciones», alertando sobre las implicaciones que esta medida podría tener en la supervisión de proyectos que afectan al medio ambiente. En su comunicado, la ONG subraya que, históricamente, experiencias similares en otros sectores, como sanidad, educación y atención a ancianos, no han demostrado una mejora en la eficiencia de estos servicios.
Desde la organización se considera «inaceptable» que el único requisito para la autorización de una entidad colaboradora privada sea una mera declaración responsable. Apuestan por que el control administrativo de proyectos, especialmente aquellos sensibles para el medio ambiente, siga en manos de los empleados públicos, quienes poseen la preparación necesaria para realizar esta función de supervisión.
Además, Ecologistas en Acción ha manifestado su alarma por la posibilidad de que la nueva normativa otorgue un sentido positivo a los silencios administrativos, lo que podría facilitar la aprobación de proyectos de gran impacto sin la debida evaluación. En este sentido, insisten en que el silencio administrativo debería ser interpretado de manera negativa en lo que respecta a la concesión de autorizaciones.
La ONG también critica la reducción de plazos administrativos, que podrían acortarse en procesos medioambientales, limitando así los periodos de información pública en los que la ciudadanía puede presentar alegaciones y aportaciones. Asimismo, temen que los mecanismos de reclamación ciudadana sean determinados por las mismas entidades colaboradoras, lo que podría generar situaciones de desamparo.
Finalmente, Ecologistas en Acción ha señalado que de las nueve normativas afectadas por la Ley de Simplificación, cinco están directamente relacionadas con competencias ambientales o de desarrollo sostenible, abarcando áreas como urbanismo, gestión forestal, caza, contaminación y evaluaciones ambientales estratégicas. Aunque la organización apoya la creación de una comisión específica para la agilización administrativa, enfatizan que esto debe hacerse bajo el principio de no regresión en materia ambiental, garantizando la preservación de la naturaleza de estos servicios como algo público.
