La ciudad de La Haya se convirtió en el nuevo escenario de un capítulo significativo en el ámbito de la justicia internacional, conforme la Corte Penal Internacional (CPI) acogió en su Centro de Detención al expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Tras aterrizar en Países Bajos, extraditado por Manila bajo una orden de arresto por cargos de asesinato como crimen de lesa humanidad, Duterte fue admitido en las dependencias judiciales neerlandesas después de someterse a una serie de controles médicos obligatorios.
La llegada de Duterte a la CPI pone fin a las especulaciones sobre su paradero, iniciadas tras su aterrizaje en el país europeo. Un portavoz del tribunal finalmente confirmó a los medios que el expresidente no había ingresado al centro de detención hasta la tarde de este jueves, manteniendo en vilo tanto a la prensa como a las autoridades legales y a sus propios abogados, quienes desconocían su ubicación exacta durante varias horas.
Según fuentes oficiales de la CPI, el proceso de custodia se ha manejado con estricto apego a las normativas, garantizando la salud y el bienestar de Duterte, en línea con las prácticas estándar del tribunal. Sin embargo, han decidido mantener en reserva el lugar donde el expresidente pasó su primera noche bajo custodia, en preparación para su presentación ante la Corte.
La programación de la comparecencia inicial de Duterte ante los jueces de la CPI se anunciará oportunamente, durante la cual se procederá a la confirmación de su identidad, se le informará sobre los crímenes que se le imputan, sus derechos bajo custodia, y se determinará el idioma en que se desarrollará el proceso judicial.
En medio de este proceso, surgieron declaraciones por parte del exsecretario Salvador Medialdea, quien había solicitado visitar a Duterte bajo el rol de abogado, manifestando confusión y desconcierto al no ser informado sobre el paradero exacto del expresidente. Desconcertado, Medialdea expresó su frustración ante la falta de información clara por parte de las autoridades del centro de detención.
El tribunal ha reiterado su compromiso con la integridad del proceso judicial, insistiendo en la importancia de respetar los procedimientos y temporalidades establecidas. Además, la CPI confirmó que la detención de Duterte respondió a una orden de arresto emitida el 7 de marzo por cargos vinculados a asesinatos bajo la etiqueta de crimen de lesa humanidad, supuestamente cometidos durante su liderazgo en el Escuadrón de la Muerte de Davao y más tarde, en el contexto de su política de Estado durante su presidencia, especialmente en la controvertida campaña de «guerra contra las drogas».
Este caso no solo representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas en Filipinas, según palabras del fiscal Karim Khan, sino que también destaca la relevancia del papel de la CPI en el panorama global de rendición de cuentas y justicia internacional, ofreciendo un nuevo ejemplo de su capacidad para actuar frente a alegaciones de crímenes de alta gravedad.
