En un reciente encuentro con la prensa, Sara Duterte, vicepresidenta de Filipinas e hija del controvertido expresidente Rodrigo Duterte, apeló a la calma entre los seguidores de su padre, asegurando que habrá “un ajuste de cuentas” tras la extradición de su progenitor a La Haya. Este ajuste de cuentas se refiere a la promesa de enfrentar los procedimientos judiciales iniciados por la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de ser el presunto autor de crímenes de lesa humanidad.
La detención del expresidente Duterte el martes en Manila bajo una orden de la CPI, y su posterior extradición, han marcado un precedente significativo en la justicia internacional, poniendo a Filipinas en el foco de atención mundial. Durante la audiencia inicial celebrada en la CPI, la vicepresidenta informó que su padre, que participó brevemente via videoconferencia desde el Centro de Detención, mostraba una salud frágil pero un espíritu indomable. Según ella, el exmandatario se encuentra en buen estado de ánimo y bien cuidado, a pesar de echar de menos la comida de su tierra y la compañía de su familia.
Sara Duterte describió su visita al expresidente en el ala hospitalaria del Centro de Detención. Durante su encuentro, hablaron sobre temas familiares, el equipo legal y la situación actual del país. Pese a las circunstancias, el expresidente se mostró reposado y dedicado a descansar y ver televisión, recomendando a su hija permanecer fuera del país y continuar con su labor.
La vicepresidenta permanecerá en La Haya, asegurando que siempre haya un miembro de la familia cerca del expresidente mientras dure el proceso judicial. Este gesto subraya la unidad y el apoyo de la familia Duterte ante los desafíos que enfrentan.
El equipo legal de Duterte, liderado por Harry Roque, ha expresado su intención de cuestionar la validez de la detención y extradición de Duterte, argumentando posibles irregularidades que podrían afectar la jurisdicción de la CPI sobre el caso. La detención y extradición de Duterte han sido descritas por su hija como un «secuestro» y un «traslado forzoso», reflejando la intensidad de las emociones y la complejidad legal del asunto.
Rodrigo Duterte es acusado de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante su guerra contra las drogas entre 2011 y 2019, un período marcado por miles de muertes y violaciones a los derechos humanos. La audiencia de hoy no señala el inicio formal del juicio, pero establece el camino hacia la confirmación de cargos en septiembre, un paso crucial en este caso sin precedentes que tiene los ojos del mundo puestos sobre la justicia internacional y el destino del expresidente filipino.
