El personal laboral sin convenio de los Consulados Generales de España en Londres, Mánchester y Edimburgo y la Embajada de España en el Reino Unido continúa secundando la huelga indefinida convocada el pasado lunes 14 de marzo. La medida, que fue aprobada por la mayoría de los trabajadores, llega tras meses de negociaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores en las que las demandas del colectivo no han recibido la respuesta esperada. Los trabajadores han denunciado durante meses la situación de precariedad en la que se encuentran, agravada por el impacto del Brexit en la economía británica.
Entre las demandas, el colectivo reclama una actualización salarial que subsane la gran pérdida de poder adquisitivo resultante de trece años de congelación, equivalente a la inflación acumulada en el período 2008 a 2021, actualmente disparada como consecuencia del Brexit y que ha alcanzado su punto máximo en los últimos 30 años. Además, los trabajadores denuncian que varios compañeros se encuentran por debajo del salario mínimo interprofesional establecido en el Reino Unido. “Nos parece incoherente que el Gobierno actual apruebe subidas del salario mínimo interprofesional en España y no respete el salario mínimo interprofesional de otros países, permitiendo que algunos de los trabajadores de la Administración Española en el exterior se encuentren bajo el umbral de la pobreza”, indican fuentes del colectivo. “Nos sentimos abandonados por el Ministerio y la Administración Española en general, somos el punto de referencia de miles de ciudadanos españoles en Reino Unido tras el Brexit y no tenemos ni siquiera un convenio que nos ampare”.
Mediante la plataforma change.org, los trabajadores han iniciado una recogida de firmas para denunciar “la deficiente gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en Reino Unido, como resultado de recortes abusivos que han precarizado los servicios ofrecidos a la ciudadanía, así como las condiciones de trabajo de sus empleados”. Según indican fuentes del colectivo, las pésimas condiciones laborales de los trabajadores afectan directamente al servicio ofrecido al ciudadano, que se ha incrementado exponencialmente tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. “Solo durante el último año, 21 trabajadores han abandonado su puesto de trabajo de forma permanente. Hasta que estas plazas se reemplazan (un proceso que dura varios meses), el trabajo recae sobre el resto de los trabajadores, que no dan abasto. Para cuando una plaza se cubre, ya ha abandonado otro compañero y el proceso se repite”.
Según los datos del INE, hay unos 4.400 castellanomanchegos residiendo actualmente en el Reino Unido, aunque los datos facilitados por las autoridades británicas elevan esta cifra considerablemente. Los principales trámites que demandan los ciudadanos castellanomanchegos son la renovación de pasaporte y las inscripciones en el Registro Civil Consular. “No somos suficientes trabajadores para atender la demanda y hay miles de ciudadanos esperando para conseguir una cita, el Brexit ha generado una avalancha”, indican estas mismas fuentes.
Pese a todo, no parece que resolver la situación de los trabajadores y los ciudadanos sea una de las prioridades del Gobierno de España ni del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras dos semanas de huelga indefinida, no ha habido ningún movimiento por parte de las instituciones para desbloquear la situación. “Lo único que demuestra esta indiferencia es la situación de abandono institucional ante la que nos encontramos y que venimos denunciando desde hace años. Hay miles de ciudadanos que necesitan más servicios consulares por el Brexit, pero tanto la necesidad de estos ciudadanos como la situación precaria de trabajadores no importan en Madrid”, se resignan a admitir los trabajadores.
“Sabemos que el momento elegido no es el idóneo, pero el 1 de abril comienza el año fiscal en el Reino Unido y muchos de nosotros no podremos hacer frente, por ejemplo, a la subida del precio de la energía (el Gobierno británico ha anunciado un incremento del 54%) o a la subida del precio del alquiler”, explican desde el colectivo. “Necesitamos una solución inmediata o tendremos que abandonar nuestros puestos de trabajo, con el consecuente perjuicio para los ciudadanos que requieren de los servicios de los Consulados y la Embajada”.
