La patrulla del Seprona de Orena ha llevado a cabo diversas actuaciones que han resultado en la investigación de dos individuos por supuestos delitos de caza ilegal y falsificación de precintos oficiales para la caza. Este operativo ha puesto de manifiesto numerosas infracciones administrativas cometidas en un local de taxidermia de la provincia.
Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre, coincidiendo con la época de berrea, un periodo en el que los grandes machos de ciervo son más vulnerables. Durante este tiempo, se habrían registrado varios episodios de furtivismo en un coto cinegético de Alustante, donde fueron encontrados cuatro ciervos y un gamo abatidos de forma ilegal durante la noche, sin el consentimiento del titular del coto. Las cabezas de estos animales habían sido cercenadas para ser utilizadas como trofeos.
Como parte de la investigación, los agentes del Seprona llevaron a cabo la extracción de diversas partes de los animales abatidos para su análisis en el laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid. Los resultados de los estudios de ADN fueron positivos y han sido fundamentales para avanzar en la investigación de estos delitos.
Además, se realizó una inspección en un establecimiento de taxidermia donde se enviaban las cabezas de los animales cazados. Durante esta inspección, los agentes denunciaron numerosas infracciones y evidenciaron las relaciones entre el propietario de la taxidermia y los investigados, así como las malas prácticas en la documentación de los trofeos.
Por otra parte, el pasado 12 de enero, el Seprona de Orea también llevó a cabo una inspección en una actividad cinegética en Zaorejas, donde se encontraron graves deficiencias relacionadas con la legislación sanitaria que regula el manejo, evisceración y tratamiento de las piezas de caza. Los agentes observaron que los animales eran eviscerados en el suelo, sin ningún tipo de protección o lugar adecuado, lo que provocaba la dispersión de despojos y vísceras en el área. Estos hallazgos serán comunicados a la autoridad administrativa competente para que se tomen las medidas correspondientes.
