Senador Chris Van Hollen, representante demócrata de Maryland, ha estado en el centro de la controversia tras su viaje a El Salvador, donde expresó su apoyo a un criminal ya repatriado, miembro de la pandilla MS-13 y acusado de tráfico humano. Este hecho ha generado una feroz oposición, especialmente a raíz de la brutal muerte de la madre de cinco hijos, Rachel Morin, víctima de un inmigrante ilegal. Mientras Van Hollen se moviliza para defender a un criminal, su silencio respecto a las víctimas del crimen en su propio estado está siendo cuestionado por diversos sectores de la sociedad.
La atención puesta en la seguridad pública ha cobrado relevancia en el contexto de las políticas de «santuario» que permiten la protección de inmigrantes ilegales, muchas veces a expensas de los ciudadanos estadounidenses. El senador no se ha pronunciado sobre cómo estas políticas han contribuido a situaciones de riesgo para los habitantes de su estado, ni ha mostrado interés en las familias que han sufrido a raíz de actos delictivos.
Recientemente, agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron varias detenciones en Maryland, revelando un patrón de criminalidad preocupante entre los inmigrantes ilegales. En una serie de arrestos, fueron capturados individuos con antecedentes penales graves, incluidos violaciones de menores y participación en pandillas. Entre ellos se encuentra David Alejandro Orellana-Aleman, un líder jerárquico de la MS-13 arrestado en Hyattsville, y otros individuos con múltiples delitos que han generado inquietud entre los ciudadanos.
Además, el caso de Jing Ming Long, ciudadano chino con antecedentes por tráfico sexual, y el de Salvador Vasquez-Rivera, quien abusó sexualmente de un menor, han sumado presión sobre las autoridades para que reconsideren la efectividad de las políticas actuales en relación con la seguridad pública. Las preguntas surgen: ¿Dónde estaba la preocupación de Van Hollen por estas víctimas? ¿Qué acciones se están tomando para proteger a los residentes de Maryland?
La defensa del senador hacia un criminal deportado ha sido interpretada como una desconexión entre sus prioridades y las necesidades de sus propios electores. La ironía se hace patente cuando se compara su compromiso por un delincuente con el desamparo que han sentido las familias afectadas por el crimen.
Con la creciente preocupación por la seguridad pública y la protección de los habitantes de Maryland, la comunidad exige respuestas y acciones concretas, desafiando a sus representantes a poner primeramente la seguridad de los ciudadanos antes que la protección de criminales. La pregunta que persiste es: ¿puede un político comprometerse efectivamente con la justicia social sin olvidar la seguridad y el bienestar de aquellos a quienes representa?
Fuente: WhiteHouse.gov
