En un movimiento significativo dentro del tenso panorama político venezolano, la defensa de Edmundo González Urrutia, figura emblemática de la oposición mayoritaria del país, presentó ante la Fiscalía un detallado documento exigiendo el respeto a la presunción de inocencia y a las garantías procesales de su cliente. Las demandas surgen tras las recientes acciones legales emprendidas contra González Urrutia, que incluyen tres citaciones judiciales y una consecuente orden de captura tras su no comparecencia.
José Vicente Haro, abogado defensor, manifestó en una conferencia de prensa que la entrega del documento tenía como finalidad principal el reconocimiento formal por parte de la Fiscalía de las objeciones de González Urrutia ante las citaciones que considera infundadas. Según Haro, estas acciones judiciales carecen de base legal sólida y encarnan un intento por aumentar la ya elevada tensión social en el país.
La Fiscalía venezolana ha acusado a González Urrutia de «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público», entre otros delitos. Estas acusaciones se desencadenaron después de que la coalición opositora divulgara un 83,5% de las actas electorales obtenidas durante las recientes elecciones presidenciales del 28 de julio, donde el resultado oficial revalidó el mandato de Nicolás Maduro. Sin embargo, González Urrutia rebatió que no tiene responsabilidad directa sobre los procedimientos de digitalización y custodia de las actas de escrutinio, apuntando que estos procesos están bajo la jurisdicción de los testigos en las mesas de votación.
La estrategia de la defensa también pone de relieve las críticas hacia el modo en que se han llevado a cabo las investigaciones, arguyendo una anticipada condena pública del opositor por parte de altos funcionarios gubernamentales, lo que a su juicio socava las bases de un proceso justo.
El fiscal general, Tarek William Saab, ha anunciado que revelará «toda la verdad» en los próximos días sin adelantar mayores detalles. La situación de González Urrutia destaca la creciente preocupación internacional por la salud de la democracia en Venezuela y el respeto a los derechos humanos fundamentales, en medio de un ambiente de creciente polarización política.
La defensa sostiene que la entrega del documento no significa una evasión de la justicia por parte de González Urrutia, sino una firme posición sobre la legitimidad de su actuación y la de su coalición, subrayando que la distribución de las actas a los testigos está considerada dentro del sistema electoral venezolano como una garantía de transparencia y confiabilidad.
Este episodio subraya la agudizada disputa entre el gobierno y la oposición en Venezuela, evidenciando la compleja trama de acusaciones, contraacusaciones y la lucha por el poder en una nación marcada por profundos desafíos económicos, sociales y políticos.
