Un nuevo estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pone de manifiesto una práctica preocupante en el mercado laboral español: la exclusión sistemática de las personas en paro en los procesos de selección de personal. Antonio Fernández García, profesor de Derecho y Ciencia Política de la UOC, alerta sobre la ilegalidad de esta conducta, que afecta especialmente a aquellos que llevan más tiempo sin empleo.
El informe de Fernández revela que más de un tercio de los desempleados en España podrían estar siendo injustamente discriminados en sus intentos por reingresar al mercado laboral. Esta exclusión no solo es éticamente cuestionable, sino que, según el análisis del profesor, contraviene varias leyes nacionales, incluyendo la Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación, que prohíbe la discriminación por razones socioeconómicas.
Este fenómeno no es único de España; estudios internacionales citados por Fernández también indican que es común en otros lugares que los candidatos desempleados sean descartados en procesos de selección, lo cual refuerza la necesidad de un cambio legislativo y de actitud por parte de los empleadores y los servicios de colocación de empleo.
La investigación ha sido bien recibida en círculos académicos y ha sido publicada en un compendio de comunicaciones del último congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fernández sugiere que la Ley de Empleo de 2023 debería ser enmendada para especificar que estar desempleado no puede ser motivo de discriminación en los procesos de contratación.
Con más de 2.900.000 personas sin empleo en España, esta práctica no solo tiene un impacto devastador en los individuos afectados y sus familias, sino que también supone un desperdicio de recursos, ya que el estado invierte en formación y subsidios para luego permitir que estos individuos sean marginados.
El estudio concluye con una llamada a la acción para que los servicios de empleo y las empresas revisen y modifiquen sus políticas de selección para garantizar que no perpetúan esta forma de discriminación. Asimismo, insta a sindicatos y otras entidades a proteger y promover los derechos de las personas desempleadas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU de poner fin a la pobreza y promover el trabajo decente y el crecimiento económico.
