En una reciente convocatoria, el pleno ordinario de la Diputación Provincial de Cuenca se reunió para discutir y votar varios asuntos de relevancia para la provincia. Durante este encuentro, se aprobó de forma unánime la propuesta para que la Diputación asuma la recaudación, gestión e inspección de los impuestos locales de los municipios de Torrejoncillo del Rey y Valverde de Júcar.
Además de esta medida, los dos grupos políticos presentes en el pleno dieron su apoyo a otros temas de la agenda, que incluyeron la aceptación de la delegación de la Institución Provincial para llevar a cabo el cobro de ingresos de derecho público de las Comunidades de Regantes ‘La Noria’ de Villalba de la Sierra y la Comunidad de Regantes de Mira. Junto a ello, se aprobó la formalización de los respectivos convenios que regularan estas actuaciones. Estas decisiones fueron compartidas a través de una nota de prensa emitida por la Diputación.
En contraste, no todo fue consenso durante la sesión plenaria; la solicitud de urgencia para el tratamiento de dos mociones presentadas por el Grupo Popular fue rechazada. Esto dio lugar a la expresión de descontento por parte de los representantes ‘populares’, quienes criticaron la actitud del gobierno de la Diputación por no pactar con la Junta de Comunidades un convenio centrado en la mejora de caminos rurales en la provincia.
El Partido Popular, representado por su portavoz Cayetano Solana, defendió la necesidad de asignar una inversión de diez millones de euros para la mejora de caminos rurales, argumentando la importancia vital de estas infraestructuras para los municipios, especialmente tras los recientes fenómenos meteorológicos adversos. Solana destacó que esta es una de las demandas más urgentes de las corporaciones municipales, las cuales están conscientes del deterioro significativo de los caminos y su importancia para la economía provincial.
En otro orden de ideas, el Grupo Popular introdujo una moción exhortando a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha para que tomen medidas necesarias encaminadas a derogar el canon medioambiental (DMA). Criticaron que este gravamen no solo busca incrementar la carga fiscal sobre los ciudadanos, sino que también pretende establecer un nuevo impuesto que se aplicaría de manera generalizada. Asimismo, solicitaban a la Junta la retirada de aquellos preceptos que imponen o restablecen este canon en el proyecto de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2024.
La jornada plenaria concluyó dejando en evidencia las diferencias entre las partes políticas y destacando el foco puesto en la fiscalidad ambiental y en la infraestructura vital para el desarrollo económico y el bienestar de las localidades de la provincia de Cuenca.
