El Pleno de la Diputación de Albacete ha manifestado su acuerdo unánime este viernes en torno a la complicada herencia de Purificación Urrea, confirmando que ejercerá acciones penales contra la Fundación Urrea & Herederos. El vicepresidente Fran Valera informó que una parte de los herederos constituyó, de forma unilateral y obviando los trámites pertinentes, la citada Fundación durante el pasado verano.
La institución provincial, que forma parte de la Comunidad Hereditaria, descubrió en noviembre que Urrea & Herederos había utilizado más de cuatro millones de euros para gastos y honorarios a dos abogados y una procuradora antes de la constitución formal de la fundación y sin que esta tuviera personalidad jurídica. Las cantidades gastadas han sido descritas como “desproporcionadas” y en contraposición a los acuerdos judiciales establecidos.
A raíz de esta situación, la Diputación ha comunicado al Juzgado encargado de tramitar las sentencias del caso y ha solicitado deducir testimonio por posibles delitos de administración desleal y apropiación indebida. La decisión de ejercer acciones penales viene tras la tramitación del expediente correspondiente y el acuerdo alcanzado en el Pleno. Todos estos hechos han sido también comunicados al Registro de Fundaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Valera enfatizó que el desvío de fondos no se alinea con las intenciones plasmadas en el testamento de Urrea y declaró que se tomarán medidas para proteger los intereses de los ciudadanos de la provincia.
El origen del conflicto data de 1966, cuando Purificación Urrea falleció dejando un testamento que asignaba su patrimonio, con la condición de crear una Fundación para la construcción de un hospital para niños pobres. La Orden Religiosa designada como heredera inicial rechazó la herencia un año más tarde, alegando insuficiencia de fondos. Esto llevó a que la Diputación de Albacete tomara su lugar como heredera bajo las mismas condiciones.
La situación se complicó en 1999 cuando los conflictos legales comenzaron a surgir entre posibles herederos. En 2011 la Audiencia Provincial declaró ineficaz el nombramiento de la Diputación como heredera por no haber creado la mencionada Fundación. Las demandas continuaron hasta que en 2020 el Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Albacete, respaldado por la Audiencia Provincial en 2022, condenó a la Diputación al pago de 11 millones de euros más intereses por el rendimiento de las fincas desde 1968 hasta 2014.
En noviembre de 2021, la Diputación tuvo que desembolsar 11 millones de euros y posteriormente 3.3 millones más por intereses y costas, pero esta cantidad se ha reducido notablemente tras los recientes acontecimientos.
Durante la sesión plenaria también se aprobaron mociones sobre ayudas a los ayuntamientos para actualizar sus inventarios de bienes y sobre el ahorro energético en instalaciones municipales. El equipo de Gobierno de la Diputación ha confirmado su compromiso en estas áreas, reconociendo la importancia de continuar con las mejoras ya iniciadas.
