La Diputación de Ciudad Real hará pública mañana una convocatoria dotada con 525.000 euros para que los ayuntamientos de la provincia puedan, entre otras gestiones y actuaciones, tramitar el ingreso mínimo vital, facilitando así a las personas y familias de la provincia que más lo necesitan el acceso a esta «ayuda incuestionable en términos de derecho y solidaridad», en palabras del presidente de la institución, José Manuel Caballero. El Gobierno de España ha puesto en marcha esta iniciativa para que los ciudadanos más vulnerables no se queden atrás en la crisis económica que ha ocasionado en nuestro país la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
Se trata, según ha explicado Caballero, que nadie que cumpla los requisitos en la provincia de Ciudad Real se quede fuera, de ahí que considere de vital importancia la intervención de los servicios sociales de todos los pueblos y eatim, así como la de los técnicos de la Seguridad Social. De ahí la presencia en las jornadas técnico-formativas que se han desarrollado hoy en el Palacio provincial de la directora provincial y del subdirector, Paula Mellado y Jesús Mojón, respectivamente.
Todos ellos y la vicepresidenta de Atención a las Personas, Noelia Serrano, han intervenido ante un centenar de alcaldes, concejales y trabajadores de servicios sociales, aunque por razones de seguridad de manera presencial han asistido una treintena de ellos y el resto por videoconferencia.
El objeto de la convocatoria, que se enmarca en el Plan Ciudad Real Activa, es que los consistorios puedan realizar contrataciones hasta el próximo 15 de diciembre para reforzar sus servicios sociales, desde donde se solicita el ingreso mínimo vital de los vecinos que cumplen los requisitos para percibirlo. Caballero ha calificado de muy importante la colaboración de la Seguridad Social, que ya ha detectado la existencia de casi 2.000 ciudadanos en la provincia como potenciales beneficiarios, y de los ayuntamientos. Se trata de que hallen el apoyo, el soporte y el acompañamiento que es necesario para que no dejen pasar la oportunidad de mejorar sus vidas.
A este respecto, Caballero ha recordado que nuestro territorio es uno de los más avanzados de España en la implantación de Puntos de Inclusión Digital. Gracias a la intervención de la Diputación funcionan más de 500 y numerosos ayuntamientos disponen de personal de apoyo para orientar a los vecinos cuando realizan gestiones administrativas on line. Además, tienen la autorización para expedir certificados digitales, por lo que constituye una ventaja a la hora de solicitar el ingreso mínimo vital, porque no tienen que hacer desplazamientos contribuyendo también a lograr una provincia más sostenible.
En su doble condición de político y de trabajador social, Caballero ha otorgado una valía capital a que las ayudas estatales del ingreso mínimo vital se gestionen con celeridad y profesionalidad, para que no quede ningún posible beneficiario sin cubrir, ya que de ello dependerá que muchas familias y sus descendientes vivan en condiciones dignas y con mayor seguridad en el futuro.
Esta convocatoria resulta muy interesante para los pueblos medianos y pequeños, puesto que dispondrán, gracias a la iniciativa que ha puesto en marcha Caballero, de un montante de 5.000 euros con el pueden hacer frente a los gastos de contratación, un desembolso que puede ser reforzado con aportaciones municipales. Constituye un gran avance para ayudar a paliar la crisis económica que ha desatado el coronavirus, que ha sido constatada en la Diputación porque las solicitudes para el Plan de Emergencia Social han sufrido durante el confinamiento y en la nueva normalidad un aumento descomunal.
Los ayuntamientos de la provincia que opten por concurrir a la convocatoria deberán justificar el gasto antes del 30 de diciembre, ya que se da la circunstancia de que los fondos para dotar esta nueva iniciativa que parte de la Diputación de Ciudad Real provienen del superávit. Gracias a la excelente situación financiera de la institución, se puede llevar a cabo esta nueva acción en beneficio de los ayuntamientos y de todos los vecinos que sufren con especial incidencia en sus vidas la crisis económica que ha desatado el coronavirus en nuestro territorio.
Caballero ha aprovechado para reiterar su petición al Gobierno central relativa a la obtención de la autorización perceptiva para poder utilizar el superávit, que en la actualidad asciende a 10 millones de euros tras destinar 1’5 al Plan COVID-19 y otro medio millón a la convocatoria que mañana verá la luz, y el remanente, que ronda los 72 millones de euros.
El refuerzo de los servicios sociales muncipales se puede articular de diversas formas que se detallarán en el BOP. No obstante, esta iniciativa se ha concebido también para que los ayuntamientos de pueblos grandes, por ejemplo, puedan contratar a un trabajador social o un técnico cualificado durante tres meses a jornada completa con la finalidad de realizar una acertada radiografía de la situación de la tercera edad.
Del mismo modo, se pueden encargar de captar posibles beneficiarios del ingreso mínimo vital y de realizar las correspondientes tramitaciones, aunque la convocatoria tendrá un carácter abierto para que los recursos se puedan dedicar, si el ayuntamiento lo estima conveniente, a formalizar un contrato de refuerzo a la ayuda a domicilio o para complementar otros programas de apoyo ya existentes o nuevos destinados a mayores u otros colectivos vulnerables.
Caballero ha hecho referencia también durante su intervención a la controversia política y social que ha generado el Ingreso Mínimo Vital. Ha explicado que estamos acostumbrados a la crítica política, pero que es difícilmente entendible que algunos ciudadanos se conmuevan ante las colas que hay en las puertas de los conventos y de las ongs, y a la vez cuestionen una ayuda que pretende devolver la dignidad a quienes han resultado especialmente castigados por la crisis económica que ha desatado la pandemia en nuestro país.
El presidente de la Diputación de Ciudad Real ha valorado muy positivamente la gestión del Gobierno de España al respecto con una acción que no tienen precedentes y que representa un gran espaldarazo para aquellos que más lo necesitan. Ha reiterado que la seguridad social y los servicios sociales de la provincia tienen que hacer un trabajo ímprobo para que se conviertan en beneficiarios todos y todas las ciudadrealeñas que cumplen los requisitos. Y ha asegurado que la institución provincial, aunque no tiene competencias, respalda a los ayuntamientos dotando económicamente una convocatoria pública con más de medio millón de euros para que atiendan a los que más están sufriendo «por compromiso y responsabilidad».
