El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno después de que el Tribunal Supremo le condenara la semana pasada a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La renuncia, comunicada en una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, se produce antes incluso de que la sentencia se haya notificado formalmente en su integridad.
En la misiva, García Ortiz afirma que abandona el cargo en “profundo respeto a las resoluciones judiciales” y reconoce que ha llegado “el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”. El paso atrás despeja el camino para que el Ejecutivo proponga este martes, en el Consejo de Ministros, a la persona que le sustituirá al frente de la Fiscalía General del Estado.
Una dimisión anticipada a la firmeza de la sentencia
El fallo del Supremo se hizo público el pasado jueves, aunque la sentencia aún está en fase de redacción por parte del presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta. Además de la inhabilitación para el cargo, la resolución incluye una multa de 7.200 euros y abre la puerta a que la condena pueda afectar también a su continuidad como fiscal de carrera.
García Ortiz contaba con margen para intentar mantenerse en el puesto mientras agotaba las vías judiciales. Podía haber promovido un incidente de nulidad ante el propio Supremo y, a continuación, recurrir en amparo al Tribunal Constitucional solicitando, además, la suspensión cautelar de la ejecución.
Pese a ello, ha optado por no alargar el pulso institucional y presentar su renuncia de forma voluntaria. Con ello, cierra la incertidumbre sobre los tiempos y evita una situación en la que el máximo responsable del Ministerio Fiscal siguiera en el cargo mientras peleaba judicialmente contra su condena.
“Un acto debido al Ministerio Fiscal y a la ciudadanía”
En su carta, el ya ex fiscal general sostiene que su salida “es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”. Subraya que se marcha con la convicción de haber servido “fielmente” a la institución a la que pertenece, “con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”.
García Ortiz recuerda también que su nombramiento fue fruto de la propuesta del Gobierno en julio de 2022, y agradece la confianza depositada entonces. Esa misma confianza, añade, es la que ahora devuelve al Ejecutivo una vez conocido el fallo condenatorio del Supremo, que considera incompatible con la continuidad en el puesto.
Dirección interina en manos de la teniente fiscal del Supremo
Hasta que el Consejo de Ministros designe a la nueva persona titular, la jefatura del Ministerio Fiscal queda de forma interina en manos de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. Será ella quien asuma la dirección en un momento especialmente sensible para la institución, mientras se consuma el relevo formal.
El nuevo o nueva fiscal general será propuesto para un mandato de cuatro años, pero como es habitual cesará cuando lo haga el Gobierno que lo nombre. En la práctica, su ejercicio estará ligado a la duración de la actual legislatura, que se extiende como máximo hasta julio de 2027, salvo adelanto electoral. Si el PSOE revalidara el Gobierno, podría optar a su renovación.
Choque institucional y mirada puesta en el Constitucional
La condena del Supremo y la dimisión de García Ortiz se producen en un clima de fuerte tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que “acata la sentencia”, pero al mismo tiempo ha defendido que, a su juicio, durante el juicio quedó acreditada la inocencia del fiscal general, apoyándose en testimonios de periodistas que declararon en su favor.
Sánchez ha insistido en que el Gobierno respeta y cumple las resoluciones judiciales, pero ha manifestado su “discrepancia” con la orientación del fallo. En este contexto, ha señalado que, en una democracia, quedan dos vías: activar el procedimiento para su sustitución y “dirimir los aspectos controvertidos” de la sentencia en otras instancias jurisdiccionales, en clara alusión al Tribunal Constitucional.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya había apuntado también esta posibilidad, subrayando que el ordenamiento prevé mecanismos para revisar resoluciones judiciales cuando se entienda que pueden vulnerar derechos fundamentales. La eventual batalla jurídica, no obstante, seguiría su curso al margen del relevo en la Fiscalía General.
Un relevo con fuerte carga política y simbólica
La salida de Álvaro García Ortiz abre una nueva etapa en la Fiscalía y vuelve a colocar en primer plano el debate sobre su independencia y su relación con el Gobierno. La elección de su sucesor será analizada con lupa por la oposición, las asociaciones judiciales y la propia carrera fiscal, en un contexto en el que se acumulan los reproches cruzados sobre politización de la justicia y presión institucional.
Mientras tanto, la Fiscalía deberá gestionar una transición compleja: un fiscal general dimisionario con una condena pendiente de desarrollo completo, una posible revisión en el Tribunal Constitucional y un Ejecutivo que trata de cerrar cuanto antes la crisis con un nombramiento que devuelva estabilidad y credibilidad a la institución.
En ese equilibrio entre respeto formal a las sentencias, defensa política del dimisionario y urgencia por recomponer el tablero institucional se moverán las próximas decisiones del Gobierno en materia de Fiscalía General del Estado.
