Este jueves, Brasil fue testigo de una importante operación policial relacionada con el asalto golpista a las sedes de los tres poderes del Estado, ocurrido el 8 de enero de 2023. La operación, liderada por el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, resultó en la detención y encarcelamiento de 49 personas, de las 208 acusadas de violar medidas cautelares o de huir al extranjero.
El expresidente Jair Bolsonaro, quien es el investigado de mayor perfil en este caso, enfrenta acusaciones de planear un golpe de Estado junto a un grupo de generales para impedir que el izquierdista Lula da Silva regresara al poder. Aunque la justicia continúa analizando las pruebas para decidir sobre su procesamiento, Bolsonaro ha sido sometido a medidas cautelares, incluyendo la retirada de su pasaporte y la prohibición de salir del país o contactar a otros investigados.
La Policía Federal ha localizado a 49 de los buscados, aunque se sospecha que algunos prófugos han escapado a países vecinos como Argentina o Uruguay. Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del expresidente, criticó la operación en la red social X (anteriormente Twitter), cuestionando la detención preventiva de 208 personas bajo la sospecha de que podrían huir a Argentina.
Desde el violento asalto al Congreso, la Presidencia y la sede del Tribunal Supremo, los esfuerzos por depurar responsabilidades han sido exhaustivos. Se investigan a los perpetradores, financiadores, instigadores y, en el caso de las fuerzas de seguridad, a quienes no impidieron el ataque. Hasta ahora, más de 200 personas han sido condenadas, con penas que llegan hasta los 17 años de cárcel.
El presidente Lula da Silva, quien asumió el poder una semana antes del asalto, nombró un interventor de la seguridad pública y neutralizó la asonada. La operación policial de hoy es una continuación de los esfuerzos por llevar a la justicia a todos los implicados.
A pesar de los múltiples arrestos y condenas, el país sigue dividido sobre la interpretación de los hechos. Una encuesta de Datafolha en marzo pasado reveló que dos tercios de los brasileños consideran el asalto como un acto vandálico, mientras que un tercio lo ve como un intento de golpe de Estado. El juez Moraes, que lidera las investigaciones, comparte esta última opinión y ha formulado acusaciones de intento de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho contra la mayoría de los procesados.
Recientemente, el medio UOL informó de que 10 bolsonaristas implicados en el caso destruyeron sus tobilleras electrónicas y huyeron a Argentina y Uruguay, de los cuales siete ya habían sido juzgados y condenados. El nuevo presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, se perfila como el principal aliado del bolsonarismo en Sudamérica, y uno de los fugitivos ha solicitado asilo político en el país vecino.
La operación de hoy reafirma el compromiso de las autoridades brasileñas de perseguir y procesar a todos los responsables del asalto del 8 de enero de 2023, en un esfuerzo continuo por restaurar la integridad del Estado de derecho en Brasil.
