La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación crucial en la lucha contra la pornografía infantil en las localidades toledanas de Ugena y Carranque. En el ámbito de la Operación ‘Odeto’, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Illescas ha logrado identificar e investigar a ocho menores, comprendidos entre los 14 y 17 años, por su presunta implicación en un delito continuado de pornografía infantil.
Las investigaciones se iniciaron tras recibir dos denuncias entre noviembre y diciembre de 2023, las cuales señalaban la existencia de un grupo de Whatsapp, creado con el fin de organizar una celebración de cumpleaños, pero que terminó siendo el medio de difusión de material explícitamente sexual infantil entre sus miembros. Este grupo estaba formado principalmente por menores de dichas localidades.
En la primera denuncia, se identificó un grupo con más de 300 participantes, donde vídeos de pornografía infantil eran compartidos. Sorprendentemente, la persona que denunció había sido incluida por error en el grupo, sin conocer a ninguno de los miembros. La segunda denuncia fue similar, con un estudiante de un centro educativo local reportando la presencia de contenido sexual inapropiado en otro grupo masivo de Whatsapp, también compuesto por menores.
Durante el proceso investigativo, el equipo especializado de la Guardia Civil esclareció que habían sido distribuidos tres videos con contenido de pornografía infantil. Los autores de la difusión de dichos materiales residían en Ugena, siendo también menores de edad. La Guardia Civil ha descubierto que la mayoría de los integrantes del grupo son menores y aunque la cantidad exacta fluctúa, rondan los 300 en total.
La ardua investigación permitió un estudio detallado del grupo de Whatsapp, identificando a los administradores y a los individuos que compartían los videos sexuales. Se confirmó que todos eran menores de entre 14 y 17 años, residentes en Ugena, Illescas y la localidad madrileña de Getafe.
La operación concluyó con la investigación de los ocho menores: seis como administradores responsables y dos presuntamente encargados de la difusión de los videos. Este caso subraya la importancia de vigilar el uso de las redes sociales por parte de los menores y la rápida acción de las autoridades para proteger a los niños y adolescentes de explotación sexual.
