Un operativo policial en España ha permitido la liberación de 21 mujeres, en su mayoría de origen latinoamericano, que eran víctimas de explotación sexual en pisos de varias provincias, incluyendo Ourense y Lugo. En el marco de esta operación, se han detenido a nueve personas, seis de ellas en Galicia: cinco en Ourense y una en A Coruña, además de otro arresto realizado en Cuenca.
Las víctimas eran captadas en sus países de origen y trasladadas a España, donde eran obligadas a ejercer la prostitución para saldar una deuda de 7.000 euros contraída con sus explotadores. Algunos de estos grupos criminales llegaron a vender a algunas de las mujeres a otras organizaciones por montos cercanos a 1.000 euros.
La Policía Nacional ha informado sobre esta investigación, que ha contado con el apoyo de Europol y que se ha llevado a cabo en distintos puntos del territorio español, con registros domiciliarios en las provincias mencionadas, así como en Burgos y Sevilla. La operación se inició tras recibir información sobre la llegada a España de una posible víctima de trata que había sido reclutada en su país natal por una red dedicada a la explotación sexual.
Las investigaciones lograron localizar a la víctima y confirmaron la existencia de una red que operaba en varias provincias, donde las mujeres eran explotadas en pisos que funcionaban como prostíbulos. Estas víctimas se encontraban en condiciones de gran vulnerabilidad, que sus explotadores supieron aprovechar, ya que les ofrecían reservas de hotel en Madrid, seguro médico y un vuelo de regreso a su país para aparentar ante las autoridades que eran turistas en España.
Asimismo, las víctimas recibían instrucciones sobre cómo actuar en la frontera para no levantar sospechas, siendo posteriormente trasladadas a los pisos controlados por el grupo criminal. En estos lugares, las mujeres eran forzadas a ofrecer sus servicios sexuales durante todo el día, de los cuales debían entregar el 50% del importe pagado por los clientes a sus explotadores.
La Policía también ha determinado que esta red comercializaba a las mujeres a otros grupos dedicados a la explotación sexual por cifras que oscilaban alrededor de 1.000 euros. Los detenidos están acusados de varios delitos, incluyendo trata de seres humanos, prostitución coactiva, pertenencia a organización criminal y favorecimiento de la inmigración ilegal.
Durante los registros realizados en Ourense, Lugo, Burgos, Cuenca y Sevilla, se han confiscado ocho teléfonos móviles, 2.895 euros en efectivo y diversa documentación relevante para el desarrollo de la investigación.