La Policía Nacional ha llevado a cabo una amplia operación que ha culminado con la detención de 61 personas por la posesión, producción y distribución de material de explotación sexual infantil. La actuación se ha realizado a través de un centenar de registros en diversas localizaciones por toda España, y ha tenido gran relevancia en la región de Castilla-La Mancha, donde se han llevado a cabo siete arrestos: tres en Toledo, dos en Guadalajara, uno en Ciudad Real y otro más en Albacete.
Entre los detenidos se encuentran un exmilitar profesional que poseía nueve armas de fuego y una considerable cantidad de munición, un profesor de secundaria que tenía menores a su cargo y que grababa a los niños en situaciones comprometedoras, así como un ingeniero informático con habilidades técnicas avanzadas. La complejidad de esta investigación radica en la gran cantidad de personas bajo investigación y los múltiples registros realizados, así como en las numerosas autoridades judiciales implicadas y los miles de archivos intervenidos.
La operación, que se coordinó a principio de junio, fue gestionada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia en colaboración con la Fiscalía Especial de Criminalidad Informática. En total, más de 200 agentes de distintas plantillas territoriales participaron en el operativo. Por ejemplo, un individuo detenido en Coslada adoptaba medidas de seguridad para eliminar material ilícito, mientras que otro, arrestado en Las Palmas, utilizaba actividades cotidianas para grabar a menores desnudos.
En total, la operación ha permitido la intervención de una gran cantidad de dispositivos electrónicos, incluyendo 37 teléfonos móviles, 63 ordenadores, 229 discos duros y más de 1.600 dispositivos de almacenamiento diferentes. También se han investigado a 110 personas por delitos relacionados con la pornografía infantil, resultando en 61 detenciones y 17 investigaciones adicionales sin arrestos.
Los arrestos han afectado a diferentes provincias, incluyendo Vizcaya, Guipúzcoa, Segovia, Ávila, Soria, entre otras. La Policía Nacional ha hecho un llamado a la ciudadanía para que informe de forma anónima y confidencial sobre cualquier caso de difusión o tenencia de pornografía infantil, recordando la importancia de no compartir o almacenar dicho material, ya que esto constituye un delito.