En un hecho sin precedentes que ha sacudido los cimientos de la judicatura de Estados Unidos, una jueza de Milwaukee ha sido arrestada por cargos de obstrucción, acusada de interferir en un operativo migratorio federal. Este es el primer caso en la historia del país en que un miembro del poder judicial es detenido bajo la sospecha de obstruir la implementación de la política migratoria dictada por la Casa Blanca.
La magistrada en cuestión, identificada como Hannah Dugan, fue acusada de desviar intencionadamente a los agentes destinados a arrestar a un migrante en situación irregular, Eduardo Flores Ruiz, frustrando así un primer intento de captura. Flores Ruiz fue posteriormente aprehendido tras una persecución a pie, según señalaron fuentes del FBI.
El director del FBI, Kash Patel, quien había anunciado el arresto a través de un mensaje en su cuenta de la red social X –mensaje que luego fue borrado–, subrayó cómo la acción de Dugan no solo impidió la detención de Flores Ruiz sino que también “aumentó el peligro para el público”. Aunque el mensaje fue eliminado, su contenido fue confirmado por fuentes de seguridad al ‘Milwaukee Journal Sentinel’.
La detención de la jueza Dugan se produjo a primera hora de la mañana, alrededor de las 08.00, en el juzgado del condado de Milwaukee. Un portavoz del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Washington D.C., Brady McCarron, confirmó que Dugan se encuentra bajo custodia federal, marcando un hito en la historia judicial del país por la naturaleza de los cargos en su contra.
Este evento ha generado un amplio debate sobre la independencia judicial y el alcance de las políticas migratorias en Estados Unidos. La detención de Dugan plantea interrogantes sobre las tensiones existentes entre la aplicación de la ley federal y la discreción judicial, así como las implicaciones de la nueva doctrina migratoria de la Casa Blanca en el ejercicio de la justicia a nivel estatal y local.
A medida que el caso continúa generando reacciones tanto en el ámbito legal como en el público general, muchos se preguntan cuáles serán las consecuencias a largo plazo de este enfrentamiento entre el poder judicial y la administración actual en lo que respecta a la implementación y ejecución de las leyes migratorias en el país.
