En una medida polémica y sin precedentes, Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado de EE.UU., anunció este lunes un acuerdo con El Salvador que permitiría la deportación y el confinamiento de migrantes indocumentados condenados por crímenes en EE.UU. dentro de las cuestionadas prisiones salvadoreñas. Esta propuesta también contempla la inclusión de ciudadanos estadounidenses entre los deportables, generando una oleada de críticas y cuestionamientos legales en Estados Unidos.
Rubio detalló que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ofreció albergar en «las mazmorras salvadoreñas a los criminales peligrosos» que estén cumpliendo condenas en EE.UU., incluyendo ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Esta declaración se produjo tras una reunión de tres horas entre Rubio y Bukele en la residencia presidencial con vistas al lago Coatepeque.
La propuesta ha levantado serias dudas sobre su viabilidad legal en EE.UU., donde expertos recalcan que es imposible deportar a ciudadanos estadounidenses, independientemente de sus crímenes. Leti Volpp, experta en leyes migratorias, afirmó a CNN que EE.UU. «tiene absolutamente prohibido deportar ciudadanos de EE.UU.», subrayando la improbabilidad de que esta propuesta avance.
Desde la perspectiva del derecho salvadoreño tampoco parece existir una base legal para aceptar a criminales de terceros países que no tienen ningún vínculo con El Salvador. Expertos y abogados salvadoreños, como José Marinero y Napoléon Campos, cuestionan la legitimidad de tal acuerdo y destacan la ausencia de normativas que amparen esta clase de arreglos.
Este acuerdo parece servir principalmente a los intereses políticos de Bukele, quien se posiciona como un aliado clave de la Administración Trump en América Latina y busca proyectarse como una figura autoritaria en la región. Sin embargo, este enfoque plantea riesgos significativos no solo desde la perspectiva de los derechos humanos sino también en términos de seguridad y bienestar para los propios salvadoreños y posibles detenidos estadounidenses.
El sistema penitenciario de El Salvador ha sido ampliamente criticado por violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, malos tratos a los detenidos, y condiciones deplorables en las prisiones. La decisión de admitir presos de EE.UU. podría empeorar estas condiciones y complicar aún más la situación de derechos humanos en el país.
A pesar de las críticas y preocupaciones legales, la Administración Trump parece considerar significativa la oferta de Bukele, aunque la viabilidad real de tal medida está por verse. Lo cierto es que este acuerdo entre EE.UU. y El Salvador plantea interrogantes profundos sobre la ética, la legalidad y las consecuencias humanitarias de externalizar el sistema penitenciario estadounidense hacia naciones extranjeras, especialmente hacia aquellas con historiales dudosos en materia de derechos humanos y justicia penal.
