En sus tierras ancestrales en los bosques húmedos de Colombia, el líder awá mayasquer Cuasaluzan Nastacuas cazaba, criaba su ganado y sembraba los cultivos necesarios a alimentar su familia.

Pero ahora que es una de las personas que resultaron desplazadas a raíz del conflicto armado interno que vivió Colombia durante más de 50 años, este hombre de 63 años se levanta todos los días a las tres de la madrugada para encontrar empleo como jornalero en la cabecera departamental, a una hora y media de distancia en bus.

 “Cuando vivíamos en el bosque… trabajábamos la tierra, sembrábamos yuca y teníamos nuestros cerdos. Nunca trabajamos en la ciudad antes de ser desplazados”, explica su hijo, Armando Cuasulzan Pai.

Los pueblos indígenas como el awá mayasquer están entre los que se vieron más afectados por el conflicto armado interno en Colombia, que causó el desplazamiento forzado de 7,6 millones de personas, tanto dentro del país como más allá de las fronteras nacionales.

Esta comunidad, cuyas tierras se encuentran en el departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia, quedaron atrapadas en el fuego cruzado entre el ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En Colombia, uno de los países con más diversidad étnica del mundo, viven 102 diferentes pueblos indígenas, un tercio de los cuales, incluyendo los awá, se encuentran en riesgo de extinción por causa del conflicto y el desplazamiento forzado, según la Corte Constitucional de Colombia.

“Tienen que considerar que su vida se fundamenta en el grupo”, dice Harold Juajibioy, un funcionario de ACNUR que trabaja con los awá. “Cuando el conflicto armado llega a su territorio, lo primero que se resiente es su sentido de unidad. No se lastima solamente a una persona, sino que a toda la comunidad”.

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“Cuando el conflicto armado llega a su territorio, lo primero que se resiente es su sentido de unidad”.

En 2011 la Corte Constitucional de Colombia ordenó la adopción de medidas cautelares para proteger al pueblo indígena awá. Finalmente, en abril del año pasado, después de seis años de desplazamiento interno, el Gobierno les entregó 239 hectáreas de tierra a 17 familias desplazadas awá en el municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo, en el sur de Colombia, para que pueden empezar allá una nueva vida.

Las familias beneficiarias, las primeras en ser reubicadas por el Gobierno, con el tiempo han podido construir unas casas de madera sobre palafitos, pero en sus nuevas casa faltan el agua y la electricidad, no hay baños y los techos están cubiertos con bolsas negras de basura como protección para las fuertes lluvias de la estación húmeda.

“¿Qué necesita esta comunidad indígena? No solamente el territorio. Para vivir necesitamos las viviendas, la electricidad, el agua, proyectos productivos para poder sembrar. El Gobierno ha sido descuidado con nosotros”, dice Armando.

Para volver a empezar, Armando indica que la comunidad necesita apoyo económico para la sembra de cultivos y la compra de ganado. “Es por eso que ha sido tan difícil para nosotros aquí. Hay días que comemos, otros días que solo pasamos con un cafecito. Así estamos”, dice.

Más allá de las duras condiciones de vida, para las comunidades indígenas a menudo el desplazamiento es más que la pérdida de territorio. “Muchas veces por miedo, o como medida de autoprotección, no usan su lengua nativa fuera de su territorio”, dice Juajibioy. “Por la discriminación en los entornos urbanos, sus tradiciones culturales, costumbres y rituales empiezan a desaparecer y deteriorarse”, añade.

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Mientras muchas de las casas de la comunidad en Villagarzón no están terminadas, una casa de madera pequeña, pero bien construida, sobresale entre las otras. Es el centro cultural, construido con el apoyo del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que se decoró y pintó con el emblema del resguardo indígena que se está planeando.

En el centro se instaló una marimba, un instrumento de percusión de madera, para que la comunidad pueda hacer música. “Trajimos la marimba de Nariño”, cuenta Armando. “Los mayores me enseñaron a tocarla y ahora yo les enseño a mis hijos, para que nuestra cultura no se pierda”.

El sol se está poniendo e Ignacio Cuasaluzan acaba de volver de Mocoa, a 18 kilómetros de distancia. Hizo 25.000 pesos en su largo día de trabajo, que equivalen a 8 dólares, apenas lo suficiente para comprar 12 kilos de arroz que servirán para alimentar a su familia. Ya puede descansar con los niños y escuchar a Armando tocando la marimba.

“Vivimos en armonía con la naturaleza”, dice melancólico. “Escuchamos el trino de los pájaros y con la marimba completamos su canto”.

Por Michelle Begue, en Villa Garzón, Colombia.

Fuente: http://www.acnur.org