La Guardia Civil, en colaboración con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal internacional que ha estafado a 250 víctimas en España, defraudando más de 150.000 euros a través de la venta ficticia de animales de compañía. En total, se han detenido a 28 personas y 30 más están siendo investigadas en ambos países, acusadas de un total de 681 delitos, aunque se anticipa que el número de delitos podría superar el millar a medida que avancen las investigaciones.
La operación, nombrada ‘Canmoney’, tuvo su origen en una denuncia que alertó sobre una estafa relacionada con la compra de una mascota que nunca fue entregada. A lo largo de la investigación, los agentes lograron esclarecer 681 hechos delictivos, que incluyen 335 estafas, 158 casos de usurpación de estado civil, 95 falsificaciones de documentos, 33 amenazas, 60 delitos de blanqueo de capitales y la pertenencia a una organización criminal.
La red criminal utilizaba un sistema sofisticado para llevar a cabo sus operaciones, logrando un volumen de más de 35 millones de euros en transacciones mediante criptomonedas y recibiendo más de tres millones de euros en efectivo en España. Las estafas se enfocaban en la venta ficticia de perros de compañía, ofertados a unos 500 euros en diferentes portales de compraventa. Para ganarse la confianza de las víctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad que habían sido robados.
Una vez realizado el primer pago, los estafadores exigían un segundo abono y, en caso de que las víctimas se negaran, las amenazaban de muerte a través de mensajes o llamadas, enviando incluso imágenes intimidatorias con armas para forzar el cumplimiento.
Las pesquisas iniciales conducían a la detención de un implicado en la provincia de Valencia, marcando el inicio de una extensa investigación. La organización empleaba criptomonedas como una herramienta estratégica para dificultar la detección de los fondos ilícitos, facilitando su reintegración al sistema financiero legítimo. Un aspecto clave fue la participación de un propietario de un locutorio que actuaba como testaferro, logrando ingresar unos tres millones de euros a través de cajeros automáticos en varias provincias españolas.
La estructura delictiva estaba organizada jerárquicamente. En los niveles más bajos, se encontraban personas en España y Colombia encargadas de abrir cuentas bancarias para recibir el dinero de las estafas. Un segundo nivel incluía miembros que convertían los fondos en criptomonedas y los depositaban en direcciones descentralizadas, bajo la supervisión de líderes ubicados en Colombia y Camerún.
A lo largo de la operación, se llevaron a cabo 12 registros, con incautaciones que incluyeron teléfonos móviles utilizados en las estafas, propiedades, vehículos, maquinaria de conteo de billetes, dinero en efectivo, armas ilegales y documentación relacionada.
La colaboración internacional fue fundamental para desmantelar esta red, que ha afectado a víctimas en 43 provincias de España, incluyendo importantes ciudades como Zaragoza, Madrid, Valencia y Barcelona, entre otras. La Guardia Civil sigue trabajando junto a la DIJIN de la Policía Nacional de Colombia, Interpol, el Centro Cibernético Policial y Europol para continuar con las investigaciones y brindar justicia a las víctimas de estas estafas.
