La Guardia Civil, en colaboración con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha llevado a cabo una importante operación que ha desarticulado una red criminal internacional responsable de estafas en España por un monto superior a 150.000 euros, afectando a aproximadamente 250 víctimas a través de engaños relacionados con la venta de animales de compañía.
Como resultado de esta operación, se han detenido a 28 personas y hay 30 más bajo investigación en España y Colombia, a quienes se les imputan un total de 681 delitos. Las investigaciones, que aún están en marcha, podrían incrementar significativamente esta cifra, según ha informado el Instituto Armado.
Durante la operación, denominada ‘Canmoney’, se han aclarado 681 hechos delictivos: estos incluyen 335 estafas, 158 casos de usurpación de estado civil, 95 falsificaciones de documentos, 33 amenazas y 60 delitos de blanqueo de capitales, así como la pertenencia a una organización criminal. La red delictiva ha conseguido gestionar transacciones por más de 35 millones de euros a través de criptomonedas y ha ingresado más de tres millones de euros en efectivo en diversas localidades españolas.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia por estafa, tras el pago por una mascota que jamás llegó a ser entregada. Los estafadores, para ganarse la confianza de sus víctimas, enviaban documentos de identidad falsificados que previamente habían sido obtenidos de otros afectados. Una vez efectuado el primer pago, las víctimas eran requeridas por un segundo desembolso. En caso de negarse, eran amenazadas de muerte mediante mensajes y llamadas, complementadas con imágenes de armas para intimidarlas.
Las primeras detenciones se produjeron en la provincia de Valencia, lo que dio inicio a esta macro investigación. Las criptomonedas se utilizaban como una estrategia para complicar la identificación de los fondos ilícitos por parte de las fuerzas de seguridad, facilitando su integración en el sistema financiero legal. Un aspecto clave en la operación fue la implicación de un propietario de locutorio, quien actuaba como testaferro y perpetraba el blanqueo de las ganancias obtenidas.
Durante los doce registros realizados en España y Colombia, se han confiscado dispositivos móviles, propiedades, vehículos, equipos informáticos, armas ilegales y documentación relacionada. La operación ha contado con el apoyo de la DIJIN (Dirección de Investigación Criminal) de la Policía Nacional de Colombia, el Centro Cibernético Policial, el programa de Interpol y Europol.
Las víctimas se han identificado en 43 provincias de España, incluyendo grandes ciudades como Madrid, Zaragoza, Valencia y Sevilla, entre otras. La Guardia Civil continúa trabajando en el caso, con el objetivo de identificar y detener a más responsables de esta compleja trama delictiva.
