La Guardia Civil, en colaboración con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desmantelado una destacada red criminal internacional que ha estafado más de 150.000 euros en España, afectando aproximadamente a 250 víctimas, incluidas personas de Castilla y León. Hasta el momento, se han detenido a 28 individuos y hay otros 30 bajo investigación en ambos países, a quienes se les atribuyen un total de 681 delitos, aunque se anticipa que las cifras pueden aumentar al continuar las investigaciones.
La operación, conocida como ‘Canmoney’, se desencadenó tras una denuncia de estafa relacionada con una compra de mascota que nunca llegó a concretarse. Desde el inicio de las investigaciones, se han identificado 335 casos de estafa, 158 de usurpación de estado civil, 95 de falsificación de documentos, 33 amenazas, 60 delitos de blanqueo de capitales y el delito de pertenencia a organización criminal.
Este esquema delictivo, que ha manejado transacciones por un valor superior a 35 millones de euros en criptomonedas y más de tres millones de euros en efectivo en España, se especializaba en la venta ficticia de perros de compañía. Los estafadores, que publicaban anuncios a precios alrededor de 500 euros en portales de compraventa, utilizaban documentos de identidad falsos que habían obtenido previamente al estafar a otras víctimas. Una vez realizado el primer pago, las víctimas eran amenazadas para que efectuaran un segundo pago, enfrentándose incluso a amenazas de muerte respaldadas por imágenes de armas.
La investigación inicial llevó a la detención de un sospechoso en Valencia, marcando el inicio de una extensa operación. Las criptomonedas jugaron un papel fundamental en la estrategia de la organización, ya que les permitieron dificultar el rastreo de los fondos ilícitos y facilitar su integración en el sistema financiero legal. Un elemento clave en esta red era un locutorio, donde su propietario y pareja operaban como testaferros, canalizando unos tres millones de euros a través de cajeros automáticos en diversas provincias, para luego convertir el efectivo en criptomonedas.
Con una estructura jerarquizada, la organización contaba con personas en España y Colombia encargadas de abrir cuentas bancarias, recibir y convertir el dinero en criptomonedas, que luego se depositaba en direcciones descentralizadas mantenidas por miembros situados en Colombia y Camerún, quienes lideraban la operación.
En los registros realizados, se han confiscado teléfonos, vehículos, propiedades, dinero en efectivo, armas ilegales, y amplia documentación relacionada con las estafas. La Guardia Civil, junto con la DIJIN de Colombia e Interpol, continúa trabajando en la identificación de más víctimas y en el desmantelamiento completo de esta red delictiva, que ha dejado un rastro de afectados en 43 provincias españolas.
