La Policía Nacional ha logrado asestar un golpe significativo al crimen organizado con la desarticulación de una banda que se dedicaba al blanqueo de capitales obtenidos de la explotación sexual de mujeres. En una operación que se extendió en dos fases, se ha procedido a la detención de cinco individuos en distintas localidades españolas: dos en Santander, dos en Albacete y uno en Granada.
Durante más de una década, este grupo criminal ha estado involucrado en dichas actividades ilícitas en diferentes provincias de España. Las personas detenidas están siendo acusadas de formar parte de una organización criminal y de cometer delitos de blanqueo de capitales. Además, una de ellas también enfrenta imputaciones por un delito contra la salud pública.
La primera fase de la operación se llevó a cabo en 2021 centrada en investigaciones contra la explotación sexual. En este periodo, nueve personas fueron detenidas y se ejecutaron tres registros, donde se confiscaron más de diez mil euros en efectivo. La segunda y más reciente fase ha permitido desentrañar el sistema financiero y corporativo que utilizaba la organización para legitimar las ganancias delictivas, sumando a los cargos iniciales los de tráfico de drogas para uno de los investigados.
En esta última intervención se han efectuado siete registros donde las autoridades han incautado una gama de evidencias, que incluyen gran cantidad de documentación, un arma de fuego, una pistola eléctrica, cuatro defensas extensibles, hachís, dinero en efectivo, relojes y joyas con un valor superior a 20.000 euros, así como un vehículo de alta gama.
Reveladoramente, la operación también ha conllevado el bloqueo de 31 inmuebles valorados en aproximadamente 20,75 millones de euros y la congelación de 169 cuentas bancarias que acumulaban un saldo de 200.000 euros.
Las autoridades identificaron que la banda utilizaba un complejo entramado empresarial para introducir en el circuito legal los beneficios ilícitos. Un gestor ubicado en Santander era el encargado de administrar los fondos obtenidos de manera ilegal y de asesorar a los integrantes sobre cómo realizar operaciones financieras y cambios en las titularidades de sociedades. Este gestor recomendaba métodos para justificar ingresos ficticios, como contratos privados de préstamos y reconocimientos de deuda falsos, con el fin de adquirir bienes lícitos, perfeccionando así el delito de blanqueo de capitales.
Este desmantelamiento destaca el esfuerzo continuo de las autoridades por combatir y erradicar redes de crimen organizado que se lucran con la explotación y el sufrimiento de otras personas.
