En una operación conjunta ejecutada por la Policía Nacional con el apoyo de Europol, se ha conseguido desarticular dos organizaciones criminales y arrestar a un total de 69 individuos. De entre los capturados, 35 personas han sido identificadas como partes integrantes de dichas organizaciones, implicadas en un sofisticado sistema que permitió la regularización fraudulenta de más de 1.000 ciudadanos, principalmente mediante el uso de contratos de trabajo ficticios y empadronamientos ilegítimos, desde donde se estima que se generaron aproximadamente cinco millones de euros en beneficios ilícitos.
La Policía Nacional informó que las redes criminales contaban con asentamientos en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara y se apoyaban en gestorías y bufetes de abogados para llevar adelante sus maniobras delictivas. Estas colaboraciones externas favorecían la obtención irregular de tarjetas de residencia, cobrando a los inmigrantes cantidades que iban de los 500 a los 1.000 euros por cada trámite indebido.
La investigación desarrollada por la Policía se ha llevado a cabo en dos distintas etapas. La inicial culminó con la aprehensión de 35 sujetos localizados en Toledo, Madrid, Guadalajara y Palencia. Estos individuos fueron acusados por delitos que incluyen la asociación ilícita, el fomento de la inmigración no autorizada y la falsificación documental.
La subsiguiente etapa de la operación permitió el arresto de 34 individuos adicionales en diversas localizaciones como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Alicante, Tarragona, Sevilla, Córdoba, San Sebastián, Coruña, Logroño y Toledo, todos imputados por el delito de falsedad documental.
En los registros llevados a cabo por la Policía Nacional, que incluyó cinco inspecciones en propiedades situadas en Toledo, Madrid y Guadalajara, se confiscaron siete coches de alta gama, 80.000 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y varias piezas de documentación relacionadas con estos ilícitos.
Los individuos al frente de la organización criminal se encargaban de establecer contacto directo con los clientes y definir las tarifas de los servicios ilegales. La red también instruía a los inmigrantes sobre cómo proceder durante las entrevistas oficiales para procesos de regularización por arraigo.
Además, implementaban métodos ilícitos extras como la organización de matrimonios de conveniencia y la presentación de documentación apócrifa a ciudadanos chinos para simular viajes de negocios ficticios y así adquirir visados tipo D. Estas prácticas les permitían cobrar entre 3.000 y 20.000 euros por cada residencia o nacionalidad conseguida fraudulentamente.
