La Fiscalía Europea ha puesto en marcha una investigación sobre un presunto fraude fiscal masivo en la compra y venta de vehículos de alta gama, que actualmente implica a más de 50 individuos arrestados acusados de formar parte de una compleja red diseñada para evadir impuestos. La suma defraudada asciende a más de 74 millones de euros y la operación ha contado con la participación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y la Guardia Civil.
Los registros y actuaciones se han llevado a cabo en múltiples provincias españolas incluyendo Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria. En el punto de mira de las investigaciones se encuentran dos supuestos cabecillas de la estafa, residentes en Badajoz y Granada, responsables del manejo de operaciones con más de 1.900 vehículos de lujo entre los años 2019 y 2021.
La naturaleza criminal de la trama se investiga en relación a la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. El fraude implica operaciones de compra inicial en Alemania a través de testaferros, seguidas por ventas simuladas en Portugal y terminando con los automóviles en concesionarios españoles, en un esquema conocido como «fraude carrusel de IVA».
Esta práctica permite a los defraudadores cobrar indebidamente el reembolso de IVA de la Agencia Tributaria, a pesar de no haber realizado el pago correspondiente del tributo. Asimismo, la policía está analizando el papel de los concesionarios españoles que vendían finalmente los coches, e intenta determinar su grado de conocimiento sobre la existencia de la trama.
En el contexto actual del proceso penal, se están realizando las declaraciones de los investigados. Uno de los presuntos líderes de la organización, asistido por Ospina Abogados, niega todas las acusaciones y asegura haber cumplido con todas las obligaciones legales en las transacciones de compra-venta, incluyendo la emisión de facturas y el pago de los impuestos correspondientes.
El letrado Juan Gonzalo Ospina, del mencionado despacho penalista, insiste en que se trata de un momento temprano de la investigación y confía plenamente en la inocencia de su cliente. Señala la posibilidad de que el vendedor pueda haber sido ajeno al fraude y espera demostrar la falta de culpabilidad de su defendido con la ayuda de la experiencia de Juan Antonio García Jabaloy, exfiscal de la Audiencia Nacional y socio del despacho desde junio.
La Fiscalía Europea continúa así con las averiguaciones para esclarecer los detalles y alcance total de esta sofisticada trama de fraude fiscal, manteniendo abierta la investigación en lo que ya se perfila como un caso de envergadura significativa dentro del ámbito del crimen económico europeo.
