En un giro impactante de los acontecimientos, Estados Unidos ha ejecutado una operación militar para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llevándolos a Nueva York con el objetivo de ser juzgados por cargos de narcotráfico y terrorismo. La operación, llamada «Absolute Resolve», fue planificada durante seis meses y culminó en un ataque sorpresa que involucró a la elite militar estadounidense, conocida como Delta Force. Este grupo de operaciones especiales, conocido por su sigilo y eficacia, irrumpió en la residencia de Maduro en Caracas, desmantelando las defensas del mandatario y ejecutando la captura sin bajas en sus filas.
Las semanas previas a la operación estuvieron marcadas por un aumento de la tensión en la región, con despliegues militares junto a las costas venezolanas y ataques iniciales contra presuntas embarcaciones narcotraficantes que resultaron en numerosas pérdidas de vidas. La nueva fase de la ofensiva llegó después de que Washington ofreciera a Maduro una oportunidad de rendición, que el presidente venezolano decidió ignorar, lo que llevó al gobierno estadounidense a optar por una intervención directa y decisiva.
Este evento no solo destaca la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, sino que también plantea preguntas sobre la legalidad y las implicaciones internacionales de la acción militar. Mientras las fuerzas estadounidenses celebran su éxito, las repercusiones para el pueblo venezolano y el escenario político en la región son aún inciertas, creando una nueva oleada de incertidumbre en un país ya marcado por años de crisis.
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