En medio de tensiones globales crecientes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha lanzado un llamado claro a los líderes aliados: se espera que acuerden aumentar el gasto en defensa hasta un asombroso 5% del PIB. Esto se enmarca en un panorama cada vez más alarmante, donde la posibilidad de que Rusia recurra a la fuerza militar en un plazo de cinco años no puede ser ignorada. Para muchos gobiernos, como el de España, ese objetivo representa un desafío considerable, ya que implica, además de satisfacer presiones externas, una revisión profunda de sus capacidades y necesidades defensivas.
Aunque finalmente se firmó un compromiso de gasto, persisten dudas sobre la viabilidad de un aumento tan drástico y la velocidad requerida para implementarlo. La situación es crítica: Europa necesita rearmarse, pero la prisa por hacerlo podría desencadenar una serie de efectos negativos en las economías nacionales, incluso poniendo en riesgo la estabilidad política.
El monumental incremento en el gasto militar que se prevé no es solo cuestión de cifras. Actualmente, los Estados miembros de la Unión Europea ya destinan alrededor de 325.000 millones de euros en defensa, lo que equivale a un 1,8% de su PIB. Elevar este monto al 5% supondría un desembolso superior a los 900.000 millones de euros. Tal cifra se siente abrumadora, especialmente cuando se considera que las finanzas públicas de muchos países ya están bajo presión. El caso del Reino Unido es ilustrativo: más de 100.000 millones de libras se destinan anualmente al servicio de la deuda, situando la ratio de deuda/PIB en niveles cercanos al 100%.
Para enfrentar este desafío, la Comisión Europea ha empezado a flexibilizar sus normas fiscales, permitiendo un mayor endeudamiento para financiar gastos de defensa. Además, se están ofreciendo préstamos directos significativos. Sin embargo, la perspectiva de que este enorme gasto pueda reactivar las economías es discutible. Invertir en municiones rara vez es tan beneficioso como financiar proyectos de infraestructura o energía renovable. Al final del día, un avión de guerra en un hangar no genera riqueza.
El enfoque acelerado hacia el rearme presenta riesgos no solo para las finanzas, sino también para el bienestar social en el continente. Una población descontenta, ya afectada por la crisis financiera de 2008, podría encontrar en los discursos populistas un eco atractivo, poniendo en peligro la estabilidad política y la cohesión social.
Los «cinco años de preparación» que menciona Rutte son, sin duda, un aviso, pero también un recordatorio de que la efectividad de este rearme depende de replantear prioridades en los sistemas de defensa. La guerra en Ucrania está mostrando la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías, priorizando sistemas de inteligencia artificial y ciberguerra sobre los tradicionalmente más costosos aviones y carros de combate.
Sin embargo, la transformación del sector de defensa no será sencilla. Las viejas formas de operar persisten y la resistencia al cambio se siente en el aire. Muchos en Europa han mostrado reticencia a los planes de colaboración propuestos por la Comisión, prefiriendo seguir invirtiendo en capacidades nacionales que, aunque no optimizan el gasto, aseguran la continuidad de las relaciones con proveedores tradicionales.
Mientras los planes avanzan, será inevitable que los Estados encuentren maneras creativas de clasificar gastos como «defensa». Proyectos de infraestructura se reetiquetarán para cumplir objetivos, postergando la verdadera transformación que se requiere. A medida que esto ocurra, el peligro de que se malgasten recursos crecerá, lo que podría desencadenar un descontento aún mayor entre los votantes. Al final, la manera en que los gobiernos manejen esta crisis podría tener repercusiones políticas duraderas en Europa, posiblemente incluso devolviendo a la región a una era de tensiones previas. Las consecuencias de actuar demasiado rápido y sin una planificación adecuada podrían ser más desastrosas de lo que muchos imaginan.
