Un tribunal de apelaciones ha emitido un fallo desfavorable para Donald Trump, declarando ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por su administración. Este revés judicial no solo socava una pieza clave de la agenda presidencial, sino que también pone en entredicho un enfoque que ha sido central en la política económica del presidente. La corte de apelaciones ratificó una decisión previa de una corte en Nueva York, argumentando que Trump había abusado de sus poderes al invocar una ley de emergencia económica para imponer aranceles, un poder que consideran exclusivo del Congreso.
Aunque los aranceles permanecerán vigentes, dado que el tribunal otorgó tiempo al gobierno para que presente su caso ante el Tribunal Supremo, la incertidumbre económica se cierne sobre el futuro. Trump ha reaccionado con furia, sugiriendo que la eliminación de estos aranceles resultaría en un desastre para Estados Unidos y acusando a los jueces de actuar de manera partidista. Sin embargo, este fallo ha sido recibido con satisfacción por algunos sectores, que ven en él una oportunidad para que el Congreso recupere sus mandatos constitucionales en materia arancelaria.
La situación ha generado inquietud en los círculos comerciales estadounidenses y a nivel internacional, ya que los aranceles han sido utilizados como palanca para negociar acuerdos con otras naciones. Al abrirse un nuevo capítulo judicial, tanto aliados como adversarios de Estados Unidos en el comercio, desde la Unión Europea hasta China, observan con atención los desarrollos, reflexionando sobre el impacto que esto podría tener en sus propias políticas comerciales y económicas.
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