La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, se presentó ante el tribunal en el inicio de su juicio en apelación, donde incurrió en un cambio notable en su defensa. Aunque admitió la posibilidad de haber cometido un delito relacionado con la financiación ilegal de su partido, insistió en que jamás fue consciente de estar infringiendo la ley. Su condena inicial la sentenció a cuatro años de prisión, de los cuales dos años están exentos de cumplimiento, además de cinco años de inhabilitación, lo que afectaría su potencial candidatura a las elecciones presidenciales de 2027.
En un giro en su estrategia legal, que contrasta con su postura anterior en la que rechazaba cualquier delito y cuestionaba la legitimidad del tribunal, Le Pen ha optado por una defensa más conciliadora. A pesar de reconocer indirectamente la posibilidad de irregularidades, alegó que no hubo un sistema deliberado para financiar su partido de forma ilegal y acusó al Parlamento Europeo de no advertirles sobre posibles incumplimientos normativos.
Le Pen se defendió al destacar la transparencia de las actividades de su partido, afirmando que todas las acciones realizadas eran «públicas» y estaban a la vista. Su objetivo en el juicio de apelación es obtener una absolución o, al menos, una pena más suave que le permita participar en las próximas elecciones, manteniendo así su relevancia en la política francesa y su estatus como una de las figuras más destacadas de la ultraderecha.
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