La reciente decisión del presidente de los Estados Unidos, tomada en el marco de un decreto ejecutivo, marca un hito importante en la búsqueda de verdad y transparencia en torno a los asesinatos de figuras icónicas de la historia americana: el presidente John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy y el reverendo Dr. Martin Luther King, Jr. Más de 50 años después de estos trágicos eventos, la administración ha decidido desclasificar y hacer públicos los documentos relacionados con estos asesinatos, que habían permanecido clasificados durante décadas.
El decreto, emitido el 23 de enero de 2025, establece que la falta de divulgación de estos registros ha sido una fuente de frustración tanto para las familias de las víctimas como para el pueblo estadounidense, que ha demandado transparencia sobre los eventos que marcaron un cambio en la historia del país. En él se argumenta que es de interés nacional liberar toda la información relevante sin más demoras.
La ley de 1992 sobre la recopilación de registros del asesinato de JFK ya había estipulado que todos los documentos relacionados debían ser divulgados completamente para octubre de 2017, con excepciones limitadas que exigían una justificación válida en cuestiones de defensa, inteligencia o relaciones exteriores. Sin embargo, sucesivas administraciones habían prolongado la clasificación de varios documentos, con presidentes previos otorgando aplazamientos a las agencias gubernamentales para evaluar el contenido de los archivos.
El presidente Biden, en sus deliberaciones a lo largo de su mandato, extendió estas revisiones en múltiples ocasiones en 2021, 2022 y 2023, pero finalmente ha decidido que la continuación de las redacciones en los documentos respecto a Kennedy es inconsistente con el interés público. Además, aunque no existía un marco legal que exigiera la liberación de los registros relacionados con las muertes de Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr., el presidente ha considerado que también es pertinente y beneficioso hacer públicos estos documentos.
El decreto establece plazos específicos para que el Director de Inteligencia Nacional y el Fiscal General, en conjunto con otros asesores del presidente, presenten planes detallando cómo se llevará a cabo esta desclasificación. En un plazo de 15 días se espera un plan para la liberación de documentos relacionados con JFK, y en 45 días otro plan para los registros concernientes a Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr.
Este movimiento ha generado una mezcla de expectativas y escepticismo entre los defensores de la transparencia gubernamental y los interesados en la historia. Aunque el camino hacia la verdad se presenta como un avance significativo, muchos observadores se preguntan qué revelaciones emergen de estos archivos y cómo podrían impactar la percepción pública sobre estos eventos trágicos y la narrativa oficial que ha prevalecido durante años.
La decisión del presidente se inscribe en un esfuerzo más amplio por abordar el legado de estos asesinatos que han dejado una marca indeleble en la sociedad estadounidense y han alimentado teorías de conspiración a lo largo de los años. La liberación de estos documentos puede abrir nuevas líneas de investigación y diálogo sobre la compleja historia de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX.
Fuente: WhiteHouse.gov
