La demanda judicial que sacude a Estados Unidos: la familia de Malcolm X contra el FBI, la CIA y la Policía de Nueva York
En un giro histórico que podría sacudir los cimientos de varias instituciones de Estados Unidos, la familia del reconocido activista por los derechos civiles El Hajj Malik el Shabazz, más conocido como Malcolm X, ha presentado una demanda este viernes contra el Departamento de Justicia, el FBI, la CIA y la Policía de Nueva York. La acusación central sostiene que estas autoridades, en una conjura de silencio y omisión, dejaron desprotegido a Malcolm X, facilitando así el mortal atentado que le costó la vida el 21 de febrero de 1965.
Aquel fatídico día, Malcolm X fue brutalmente asesinado a tiros mientras se encontraba en un evento de la Organización de la Unidad Afroamericana en el Audubon Ballroom de Manhattan. Los autores del crimen eran miembros de la Nación del Islam, grupo del cual Malcolm había sido un líder destacado antes de sufrir un distanciamiento en razón de disputas ideológicas y personales.
Ben Crump, el abogado que representa a la familia del activista, ha cargado duramente contra las instituciones mencionadas, acusándolas de jugar «un papel importante en los acontecimientos que llevaron al asesinato de Malcolm X» y de haber «participado en un encubrimiento que duró décadas». Según Crump, este silencio institucional tuvo como objetivo ocultar la implicación de dichas entidades en los sucesos que rodearon la muerte del líder por los derechos civiles.
La demanda presenta graves acusaciones sobre el conocimiento previo de amenazas serias y creíbles contra la vida de Malcolm X. Se afirma que, a pesar de estar al tanto de dichas amenazas, el Departamento de Justicia, el FBI, la CIA y la Policía de Nueva York decidieron no actuar. De hecho, se argumenta que estas entidades «conspiraron activamente para reducir su protección», lo que dejó a Malcolm X vulnerables ante un ataque que sabían inminente.
Una de las revelaciones más impactantes de la demanda indica que el FBI habría jugado un papel especialmente cuestionable, poniendo en peligro deliberadamente la seguridad de Malcolm X al arrestar a su equipo de guardaespaldas días antes del asesinato. Asimismo, la denuncia sostiene que se retiraron los responsables de seguridad del lugar del evento y se denegaron los permisos necesarios que habrían permitido a Malcolm X comprar un arma de fuego para su defensa personal.
Este nuevo capítulo en la ya tumultuosa historia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos promete abrir viejas heridas y generar un intenso debate sobre la responsabilidad del gobierno y sus agencias en una de las épocas más convulsas del país. La demanda no solo busca justicia para Malcolm X y su legado, sino que también llama la atención sobre las prácticas de vigilancia y control empleadas por el Estado contra las voces disidentes durante aquellos años. La historia está lejos de cerrarse, y este caso podría significar un punto de inflexión en cómo se escribe y se entiende.
